TOLEDO, 8 de octubre. En una reciente decisión que ha levantado opiniones encontradas, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha optado por destinar recursos a la lucha contra la mutilación genital femenina y la promoción de la igualdad de género. A través del Instituto de la Mujer, se han publicado resoluciones en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, revelando una asignación total de 124.453,06 euros para el año 2025, un paso que busca abordar cuestiones de gran sensibilidad social.

En el ámbito de la sensibilización y prevención de la mutilación genital femenina, se asignaron 41.373,06 euros a cuatro entidades. Entre los proyectos financiados se encuentran propuestas que abarcan desde la atención integral de la sexualidad hasta enfoques interculturales y campañas de concienciación enfocadas en movilizar a la ciudadanía. Se ha establecido un límite de 12.000 euros por proyecto, según informa la Junta.

En cuanto a la línea de investigación, se han destinado 83.080 euros a ocho iniciativas que examinan diversas problemáticas, como la violencia de género desde la perspectiva de mujeres mayores y la prevención de la violencia sexual en jóvenes. Asimismo, se analiza la participación de mujeres en el sector agroalimentario, la relación entre inteligencia artificial e igualdad, y el estudio de identidades masculinas en la adolescencia, entre otros. Cada proyecto puede recibir entre 2.000 y 12.000 euros de financiación.

Lourdes Luna Ruiz, directora del Instituto de la Mujer, destacó que las ayudas subrayan el "firme compromiso del Gobierno regional con la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres". Aseguró que estos fondos no solo refuerzan la investigación, sino que también permiten impulsar acciones concretas contra prácticas nocivas como la mutilación genital femenina y la violencia machista en todos los frentes.

Estas subvenciones se enmarcan dentro de la Ley 4/2018, que establece un marco para crear una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha, y la Orden 40/2023, que regula las bases para financiar proyectos destinados a avanzar en la igualdad de género y la prevención de la violencia. Parte de la financiación proviene del Ministerio de Igualdad, en el contexto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo que ha despertado un debate sobre la eficacia y el enfoque de tales medidas.