El 9 de octubre en Madrid, se ha dado a conocer que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado una investigación sobre un posible acuerdo ilícito entre empresas de transporte escolar en Castilla-La Mancha. Este caso podría derivar en severas sanciones para aquellas entidades que se encuentren implicadas.

Durante los días 6 a 8 de octubre, la CNMC realizó inspecciones en diversas oficinas que operan en el sector del transporte escolar en dicha comunidad autónoma. Estas acciones son parte de un análisis preliminar que podría llevar a la apertura de un expediente sancionador si se confirman indicios de irregularidades.

El organismo encargado de la regulación del mercado ha subrayado en un comunicado que la operación no implica, en modo alguno, un juicio anticipado sobre la culpabilidad de las empresas investigadas, y no han revelado detalles específicos sobre los contratos que están bajo escrutinio.

En el contexto de estas investigaciones, resulta importante mencionar que, en años recientes, la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha adjudicado contratos para servicios de transporte escolar, abarcando diversas provincias hasta el ciclo académico 2026-2027.

La CNMC recordó que cualquier acuerdo entre competidores es considerado una infracción muy grave según la ley de competencia (LDC), lo cual podría traducirse en multas de hasta el 10% del total de ingresos de las compañías involucradas.

La lucha contra prácticas cartelarias es una de las prioridades en la agenda de la CNMC, dado el impacto significativo que tienen estas infracciones sobre los consumidores y la eficiencia de los mercados.

El organismo también opera un programa de clemencia que otorga a empresas y asociaciones involucradas en un cártel la oportunidad de evitar multas si presentan pruebas que contribuyan a su desarticulación. Aquellas que aporten información valiosa, incluso una vez comenzada la investigación, pueden recibir una reducción en la sanción establecida.

Por otro lado, las empresas que solicitan clemencia serán eximidas de la prohibición de contratar con el sector público que contempla el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), una disposición que afecta a aquellos sancionados por infracciones graves en materia de competencia.