TOLEDO, 28 de noviembre. Las Cortes de Castilla-La Mancha han tomado este jueves una decisión contundente al rechazar, con los votos en contra del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox. Esta iniciativa tenía como objetivo realizar pruebas de edad a los inmigrantes ilegales que están bajo la tutela de la Junta de Castilla-La Mancha.

El diputado de Vox, David Moreno, defendió con firmeza la Proposición, argumentando que es fundamental que la Administración regional actúe con "transparencia y responsabilidad" al administrar los fondos públicos. Denunció que, "demasiadas veces", el dinero de los contribuyentes se destina a "despilfarros" y mencionó específicamente el "fraude" relacionado con el ingreso de extranjeros indocumentados que se presentan como menores de edad.

Moreno subrayó que esta situación supone una carga adicional para los recursos de los castellanos-manchegos, afirmando que se trata de "una factura millonaria impuesta por políticas progresistas". De acuerdo con su declaración, cada vez que un inmigrante se presenta como menor, los costes para los ciudadanos de Castilla-La Mancha se incrementan significativamente.

El presidente del Grupo Parlamentario Vox también se pronunció al respecto, señalando que, "con solo uno de estos casos", sería suficiente para justificar la necesidad de su propuesta. Instó a la Administración regional a considerar hasta dónde está dispuesta a amparar lo que él calificó como un "fraude de ley", cuestionando al PSOE sobre su aparente "negacionismo" y pidiendo al PP que apoyara una iniciativa que, según su opinión, es intrinsícamente valiosa.

En su intervención, insistió en que la inmigración debe ser "legal, controlada y adaptada a las necesidades de España". En su opinión, la inmigración irregular "no solo perjudica a los españoles, sino que también afecta a los inmigrantes legales y es una de las causas más relevantes de la inseguridad en el país".

Por otro lado, el diputado del PP, José Antonio Martín-Buro, expuso que, tras analizar la propuesta de Vox, su partido se siente "despistado" ya que considera que sobrepasa las competencias de las comunidades autónomas. Aseguró que la responsabilidad de la gestión migratoria es exclusiva del Estado y que la protección de los menores migrantes no acompañados recae en las regiones hasta que alcance la mayoría de edad.

Martín-Buro dejó claro que la determinación de la edad de los inmigrantes es competencia de la Fiscalía en los distintos juzgados y que las comunidades autónomas deben ajustarse a esos procedimientos que, según él, son "exhaustivos". Defendió la profesionalidad de los funcionarios y del Ministerio Fiscal al llevar a cabo estas tareas.

El diputado popular también argumentó que la Proposición No de Ley de Vox "no requería un debate" y utilizó la ocasión para criticar al PSOE y a sus aliados por no haber implementado medidas efectivas para frenar el flujo migratorio. Cuestionó a los socialistas sobre su postura respecto a que Cataluña asuma competencias en materia migratoria, lo que, según él, iría en contra de la Constitución.

Finalmente, el diputado del PSOE, Antonio Sánchez, inició su intervención instando a Vox a actualizar sus informaciones. De acuerdo a los últimos estudios del CIS, la inmigración ha dejado de ser una de las principales preocupaciones de los españoles, según afirmó Sánchez.

El parlamentario socialista coincidió con el PP en que no es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establecer un protocolo para realizar pruebas de edad a los inmigrantes, ya que esto corresponde al Ministerio Fiscal. Lamentó que Vox busque señalar a los menores migrantes, acusándolos de "ciertas actitudes" al venir de "situaciones difíciles", y abogó por un enfoque más humanitario en la gestión de la inmigración.

Sánchez destacó que "tienen, en el fondo, miedo a lo desconocido", instando a los diputados de Vox a abrirse y conocer la diversidad del país para adoptar una perspectiva más amplia. Se opuso al lenguaje que, a su juicio, busca criminalizar a los menores que llegan a España en busca de una vida mejor, enfrentados a sus propios problemas.

La PNL de Vox solicitaba que se realizaran pruebas periciales exhaustivas a todos los inmigrantes ilegales no acompañados bajo la tutela de la Junta para determinar "de manera fiel" su edad, buscando evitar cualquier engaño en este ámbito. También proponía establecer un protocolo general que incluyera pruebas médicas más detalladas, como las radiografías de la cresta ilíaca de la cadera, también conocida como técnica Risser, para una determinación precisa de la edad de estos individuos.