CUENCA, 30 de diciembre. La Diputación de Cuenca ha culminado el año 2024 con un pleno extraordinario que ha tenido como objetivo la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los servicios de recogida y tratamiento de residuos. Esta nueva disposición ha sido validada tras desestimar las cinco alegaciones presentadas por el Partido Popular, quienes habían solicitado su retirada.

El Partido Popular ha expresado sus inquietudes sobre la fiabilidad de los informes técnicos y económicos que han fundamentado la evaluación del coste del servicio, cuestionando así la metodología utilizada para calcular la tasa que afectará a los ciudadanos.

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular, Cayetano Solana, ha reconocido el esfuerzo realizado por el servicio de Medio Ambiente de la Diputación en la elaboración de esta ordenanza, en especial hacia la jefa del departamento, Ana Guerra, quien se ha retirado con esta última tarea. Sin embargo, ha lamentado que la modificación resultará en un aumento de tasas para el 100% de los municipios, a causa de una ley impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez.

Además, Solana ha criticado la tardanza en la aprobación de esta ordenanza, señalando que los cálculos realizados no han considerado la inclusión de nuevos municipios al contrato único de recogida de residuos, el cual entrará en vigor en 2025.

Por su parte, el diputado de Medio Ambiente, Rodrigo Molina, ha defendido la fiabilidad de los informes técnicos que respaldan la ordenanza, la cual entrará en vigor el próximo año tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El equipo de Gobierno también ha destacado que esta modificación era una necesidad imperiosa para adecuar la tasa a la normativa europea vigente, reflejando la convicción del Gobierno en la importancia de alinearse con las directrices comunitarias.

Durante el debate, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha hecho hincapié en que la futura construcción de una nueva planta de residuos, que requerirá una inversión de 45 millones de euros, tendrá un efecto significativo en la tasa y generará un impacto positivo para los vecinos de la provincia, un aspecto que subraya el compromiso del Gobierno regional con el bienestar de sus ciudadanos.