En una operativa reciente, la Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada a la introducción clandestina de ganado ovino y caprino en la cadena de alimentación. Este operativo tuvo lugar en las provincias de Ávila, Toledo y Madrid, y culminó con el cierre de cuatro restaurantes que, además de ofrecer este tipo de carne, la distribuían a domicilio.

El resultado de la operación ha sido la detención de cinco individuos y la investigación de otros 12, todos implicados en diversos delitos que incluyen la vulneración de la salud pública, maltrato animal, falsificación de documentos, pertenencia a grupo delictivo y blanqueo de capitales. Se anticipa que más personas sean interpeladas a medida que avance la investigación.

Conocida bajo el nombre de 'Operación Pox', la intervención incluyó la inspección de nueve restaurantes, donde cuatro fueron clausurados de manera temporal. También se identificó una explotación ganadera ilegal que operaba sin la debida autorización, según informes de las autoridades.

Los operativos de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) realizaron un total de siete registros, que abarcaron cuatro domicilios y tres instalaciones ganaderas y mataderos. Durante estas acciones, se lograron incautar fondos por un valor de 10.000 euros, abundante documentación, crotales, dispositivos electrónicos, herramientas para el sacrificio de animales y medicamentos veterinarios.

Como parte de esta operación, más de 350 animales debieron ser sacrificados debido a que se encontraban en condiciones críticas, como inanición severa o enfermedades y malformaciones irreversibles.

El principal sospechoso controlaba una granja ubicada en Toledo, la cual no estaba registrada en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), lo que convertía cualquier movimiento de animales en una actividad ilegal. Junto a otro colaborador, realizaban traslados irregulares de ganado, recogiendo animales tanto de fuentes legales como ilegales para llevarlos a su explotación clandestina, utilizando documentos falsificados para disimular la ilegalidad de sus actividades.

Algunos de los animales eran enviados a un matadero autorizado en Ávila, donde se combinaban prácticas legales e ilegales. Otros eran conducidos a una explotación en San Fernando de Henares (Madrid), que actuaba como el principal matadero ilegal. En este último, los sacrificios se realizaban sin permisos y en condiciones sanitarias deplorables, sin seguir la normativa de bienestar animal.

Una parte de la carne generada por estos sacrificios ilegales se distribuía a través de canales no oficiales. Uno de los detenidos participaba activamente en el sacrificio y posteriormente distribuía la carne a nueve restaurantes en Madrid, que la incluían en sus menús y ofrecían servicios de entrega a domicilio mediante plataformas digitales.

Además, se ha observado que ciertos investigados frecuentemente recogían carne de los mataderos clandestinos para su distribución entre particulares en distintas localidades de la Comunidad de Madrid, sin ningún tipo de control sanitario o trazabilidad.

La investigación ha revelado que esta actividad delictiva estaba organizada en una estructura criminal con jerarquías claramente definidas, donde cada miembro tenía un papel determinado. Este nivel de organización les permitía eludir los controles de las autoridades y maximizar los beneficios económicos de su actividad ilegal.

Entre las tácticas fraudulentas utilizadas, se destaca el uso de pagos en efectivo y por debajo del valor real del ganado, como un método para eludir el pago de impuestos, violando así las normas de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil ha advertido que el movimiento ilegal de ganado ovino y caprino plantea un grave riesgo en la difusión de enfermedades, como la viruela ovina-caprina, lo que infringe las medidas de cuarentena y puede generar pérdidas significativas en el sector ganadero nacional.