Una reciente operación policial ha llevado a la desarticulación de una red que se dedicaba a la extorsión sexual a través de Internet. El caso comenzó a tomar forma tras la denuncia de un ciudadano de Barakaldo, en Bizkaia, lo que desencadenó una investigación que ha revelado hechos inquietantes sobre la actividad delictiva de cuatro mujeres, quienes están bajo investigación por pertenencia a grupo criminal, extorsión y blanqueo de capitales.

Las autoridades han informado que las sospechosas operaban suplantando anuncios de servicios sexuales, con el objetivo de atraer a potenciales víctimas y, posteriormente, exigirles dinero a través de amenazas. El hallazgo de siete víctimas se ha registrado no solo en Bizkaia, sino también en otras cinco provincias de España: Castellón, Ciudad Real, Murcia, Guadalajara y Almería.

La operación, conocida como 'Trabazone', fue impulsada por el Equipo de la Guardia Civil en Bizkaia, tras la queja formal de un vecino de Barakaldo, quien se encontró en una situación comprometida en una página de contactos que ofrecía servicios sexuales. Aunque el denunciante no contrató ninguno de estos servicios, fue blanco de múltiples amenazas que lo instaban a realizar pagos por supuestos servicios que nunca solicitó.

El angustiado ciudadano terminó cediendo y realizó pagos que sumaron un total de 1.300 euros a través de una plataforma de pago, forzado por las amenazas que recibía constantemente. Ante este panorama alarmante, la investigación de las autoridades se centró en rastrear los movimientos bancarios y las líneas telefónicas usadas por los extorsionadores.

Los investigadores descubrieron que las amenazas provenían de 16 números de teléfono de prepago, diseñados para eludir la detección policial, y que estaban ligados a otros casos de extorsión similares. Además, se reveló que los números de cuenta a los que se enviaban los pagos también aparecían en otras denuncias, lo que sugería un patrón sistemático en la actividad criminal.

Los estafadores publicaban anuncios engañosos en diferentes sitios web dedicados a ofrecer servicios sexuales, dirigidos principalmente a hombres. Una vez que los incautos accedían a estos anuncios y dejaban su número de contacto, comenzaban a recibir mensajes amenazantes de individuos que se presentaban como "jefes" de las supuestas trabajadoras sexuales, exigiendo pagos por servicios nunca realizados.

Las víctimas eran amenazadas con acciones físicas y sociales, incluyendo visitas no solicitadas a sus domicilios o la difusión de su situación en redes sociales, lo que les generaba un gran miedo y, en consecuencia, muchas accedían a pagar. Esta modalidad de extorsión sexual representa un grave problema, dada la vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas.

Los delincuentes empleaban en su operación una variedad de identidades telefónicas, así como múltiples tarjetas SIM y dispositivos móviles para ocultar su actividad, aunque en muchos casos se conformaban con un solo pago antes de cortar las comunicaciones. Sin embargo, algunas víctimas enfrentaron intentos insistentes de extorsión para obtener mayores sumas de dinero.

Gracias a la labor de la Guardia Civil, se logró identificar a las cuatro presuntas responsables, todas residentes en Valencia, y se supo que una de ellas ya tenía antecedentes por delitos similares. La investigación ha revelado también la existencia de siete víctimas distribuidas en varios puntos de España.

Como resultado de estas indagaciones, el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao ha citado a las cuatro sospechosas para que se presenten ante la justicia, enfrentando acusaciones de extorsión, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.