En una destacada operación coordinada entre la Guardia Civil, Interpol y la Policía Nacional de Colombia, se ha logrado desmantelar una red criminal de alcance internacional que había estafado más de 150.000 euros en España, afectando a aproximadamente 250 víctimas a través de engaños relacionados con la venta de animales de compañía.

La acción, que se ha saldado con la detención de 28 individuos y la investigación de otros 30 en España y Colombia, ha arrojado hasta el momento un total de 681 delitos atribuibles a esta organización, aunque las pesquisas siguen en curso, lo que sugiere que el número de infracciones podría llegar a ser considerablemente mayor, según declaraciones del Instituto Armado.

Los resultados de esta macrooperación han permitido a las autoridades aclarar 681 delitos específicos que abarcan una variedad alarmante de actividades delictivas: 335 estafas, 158 usurpaciones de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 33 amenazas, 60 casos de blanqueo de capitales, así como pertenencia a una organización criminal.

Se ha descubierto que esta red criminal ha logrado movimentar más de 35 millones de euros a través de transacciones en criptomonedas, además de haber ingresado en efectivo más de tres millones de euros en diversas localizaciones de España. Esta proliferación del uso de criptomonedas refleja un enfoque sofisticado para el manejo de fondos obtenidos de manera ilícita.

La operación, llamada 'Canmoney', se inició tras la denuncia de una víctima que había realizado el pago por la adquisición de una mascota que nunca recibió. Una vez perpetradas las estafas, las cantidades fraudulentas eran depositadas en cuentas bancarias antes de ser convertidas en criptomonedas y enviadas a cuentas controladas por la organización.

Los estafadores se enfocaban en la supuesta venta de perros de compañía, con precios alrededor de los 500 euros, promocionándolos a través de distintas plataformas de compraventa. Para engañar a las víctimas y crear una fachada de legitimidad, los delincuentes utilizaban documentos de identidad robados de otras personas que previamente habían sido estafadas.

Una vez que la víctima realizaba el primer pago, los estafadores solicitaban un segundo desembolso. Aquellos que se mostraban renuentes a seguir el juego eran amenazados de muerte, mediante intimidaciones que incluían llamadas telefónicas y mensajes, los cuales a menudo venían acompañados de imágenes de armas de fuego para aumentar el miedo y la coacción.

El inicio de este operativo se concretó con la detención de un sospechoso en la provincia de Valencia, marcando así el comienzo de una investigación de gran envergadura que expondría la magnitud de este fraude internacional.

El uso de criptomonedas ha sido calificado como una "herramienta estratégica" diseñada para dificultar la identificación y rastreo de estos fondos ilegales por parte de las autoridades, facilitando a su vez su integración en el sistema financiero legítimo. Un aspecto crucial de la investigación fue la participación del dueño de un locutorio, quien utilizaba su conocimiento del sector para actuar como intermediario en España, según información de la Guardia Civil.

Este individuo y su pareja enterraron aproximadamente tres millones de euros utilizando cajeros automáticos localizados en varias provincias españolas. Posteriormente, estos fondos eran transformados en criptomonedas y enviados a múltiples direcciones, lo que complicaba aún más su rastreo por las autoridades competentes.

En la jerarquía de la organización, individuos tanto de España como de Colombia eran responsables de la apertura de cuentas bancarias para depositar las ganancias obtenidas de las estafas. En un escalón superior, otros miembros manejaban el traficante del dinero, convirtiéndolo en criptomonedas y asegurándose de que estos fueran depositados en direcciones descentralizadas, operadas por líderes de la red ubicados en Colombia y Camerún.

La incautación de bienes durante los doce registros efectuados en esta operación —nueve en España y tres en Colombia— ha resultado en la confiscación de teléfonos móviles usados en la perpetración de las estafas, junto con propiedades, vehículos, computadoras, máquinas contadoras de billetes, dinero en efectivo, billeteras frías, criptomonedas, armamento ilegal y documentos relacionados con las actividades delictivas.

Esta elaborada operación ha sido llevada a cabo de manera conjunta por la Guardia Civil, la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal) de la Policía Nacional de Colombia, Interpol, el Centro Cibernético Policial y la Oficina Nacional de la Dirección de Investigación Criminal de Colombia, junto con el apoyo de Europol.

Asimismo, se ha logrado identificar víctimas en 43 provincias españolas, incluyendo lugares como Zaragoza, Badajoz, Castellón, Madrid y muchas más, lo que demuestra la amplitud de las acciones delictivas que han afectado a la ciudadanía en diferentes regiones del país.