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Domingo, 18 de octubre de 2026 Edición Castilla-La Mancha · Red Crónica
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Ecologistas recurren autorización de fumigaciones aéreas en área protegida de Albacete

Ecologistas recurren la autorización de fumigaciones aéreas en la ZEPA de Albacete, que afecta a la biodiversidad y genera debate político y ambiental.

Redacción · Crónica Castilla-La Mancha 2 min de lectura

Ecologistas en Acción y la Sociedad Albacetense de Ornitología han presentado un recurso contra la autorización de fumigaciones aéreas en la ZEPA 'Área esteparia del este de Albacete'. La resolución, firmada el 21 de julio por la Dirección General de Sanidad, permite aplicar productos fitosanitarios contra langostas en zonas de eriales. La medida afecta a municipios dentro de la zona protegida y busca controlar plagas agrícolas.

El contexto político revela una tensión entre las políticas agrícolas y las prioridades de conservación en espacios protegidos. La decisión se enmarca en el debate sobre la gestión de plagas y el equilibrio entre agricultura y protección ambiental. Organizaciones ecologistas cuestionan la necesidad y el impacto de estas fumigaciones, resaltando la falta de evidencia sobre plagas en el momento de la autorización.

Las implicaciones ambientales son significativas. Los productos con lambda-cialotrina pueden afectar a insectos beneficiosos, polinizadores y otros organismos de la biodiversidad local. La organización ecologista advierte que estas acciones pueden poner en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la zona protegida.

Desde una perspectiva política, la autorización refleja una prioridad del gobierno regional en la protección agrícola, a veces en detrimento de las políticas de conservación ambiental. La oposición de los ecologistas busca frenar una medida que consideran perjudicial para el ecosistema y contraria a la normativa de protección de aves y hábitats.

Este conflicto refleja un escenario más amplio en Castilla-La Mancha, donde la gestión del territorio y la protección ambiental enfrentan desafíos constantes. La resolución y el recurso presentado marcan un precedente en el debate sobre la sostenibilidad y la legislación ecológica en la comunidad. La evolución futura dependerá de las decisiones administrativas y del respaldo político a las políticas verdes.

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