El Gobierno regional de Castilla-La Mancha, liderado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha aprobado en el Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar las políticas sociales en áreas clave como educación, cultura, servicios sociales y empleo público, además de brindar mayor seguridad jurídica a la Administración regional en diversas áreas.

La aprobación de esta Ley, conocida como Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos para el año 2025, implica ajustes en doce leyes regionales de manera puntual. Ruiz Molina ha señalado la importancia de incluir todas estas modificaciones en un único texto legal para agilizar los procesos y garantizar una correcta implementación de las medidas propuestas.

En el ámbito educativo, se destacan modificaciones significativas que buscan favorecer la igualdad de oportunidades y aliviar la carga económica de las familias. Por ejemplo, se garantiza la gratuidad del transporte escolar para estudiantes de bachillerato en áreas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

En cuanto a servicios sociales, se han introducido cambios en la Ley de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia para ampliar la protección de las personas tuteladas por la Junta. En el ámbito del empleo público, se ha suprimido la limitación en la distribución de plazas vacantes en el Sescam, lo que permitirá convocar todas las plazas disponibles en oposiciones y concursos.

Otro aspecto significativo es la ampliación de los beneficios fiscales del mecenazgo cultural al ámbito deportivo, con el objetivo de fomentar la actividad física y el deporte. Además, se han incluido medidas para dotar de mayor seguridad jurídica a las consejerías y organismos, como la regulación del acceso a salones de juego mediante huella dactilar o reconocimiento facial.

En resumen, este proyecto de ley busca reforzar las políticas sociales y brindar seguridad jurídica a la Administración regional. Su aprobación en el Consejo de Gobierno representa un paso adelante en la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos, beneficiando a la ciudadanía de Castilla-La Mancha en un momento de estabilidad política propicio para el desarrollo de una intensa actividad legislativa.