TOLEDO, 16 de julio. En una reciente rueda de prensa, la consejera y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, expresó su preocupación ante la inminente aprobación de un nuevo trasvase de 120 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, previsto para los meses de julio y agosto. Padilla enfatizó que este trasvase no debería haberse permitido si las anunciadas reglas de explotación se hubieran implementado en septiembre, tal como se había prometido.

Durante la conferencia, donde se discutieron los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, la consejera criticó la decisión de apurar los plazos para continuar con los trasvases, siempre que la normativa vigente lo permita. A su juicio, esto implica una falta de responsabilidad en la gestión de los recursos hídricos.

Padilla insistió en la necesidad urgente de conocer el contenido de las nuevas reglas de explotación, afirmando que estas demostrarán la inviabilidad de seguir comprometiendo el Tajo y que se están ignorando los caudales ecológicos establecidos por las directivas de la Unión Europea y respaldados por varias sentencias del Tribunal Supremo.

La consejera destacó que es fundamental modificar las reglas de explotación de inmediato y reiteró su rechazo al triple trasvase planificado, concluyendo que se requiere un cambio decisivo en la gestión de este recurso vital.

En otro orden de cosas, Padilla manifestó su apoyo a las inquietudes de las organizaciones agrarias que han programado protestas en Bruselas en reacción a la posible reducción de presupuestos de la PAC. Defendió la importancia de una Política Agraria Comunitaria que salvaguarde los principios de sostenibilidad, rentabilidad y seguridad alimentaria, oponiéndose a cualquier intento de renacionalización o recortes en este ámbito.

La portavoz del Gobierno subrayó que los recortes y la renacionalización no son medidas beneficiosas y que ese mensaje ha sido reiterado en sus interacciones con la Comisión Europea y el Comité de las Regiones durante el año en curso. Padilla concluyó enfatizando que la PAC debe continuar siendo una herramienta fundamental después de 2027, especialmente frente a los desafíos que enfrenta la agricultura en Castilla-La Mancha, tales como el cambio climático, la necesidad de un relevo generacional y la soberanía alimentaria.