Las comunidades autónomas de Andalucía y Cataluña se perfilan como las principales beneficiarias de una ambiciosa propuesta que aún requiere el visto bueno de las Cortes Generales.

MADRID, 31 de agosto.

Este martes, el Consejo de Ministros está listo para dar luz verde a un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Hacienda, el cual contempla la absorción de hasta 83.252 millones de euros en deudas acumuladas por diversas comunidades autónomas. En este contexto, Andalucía y Cataluña recibirán el mayor apoyo económico, con el Estado comprometiéndose a asumir 18.791 millones para la primera, y 17.104 millones para la segunda, lo que significa que juntas concentrarán más del 43% de la financiación prevista.

La propuesta se origina de un acuerdo entre el PSOE y ERC, que buscó aliviar parte de la carga financiera de Cataluña, y estará disponible para otras comunidades autónomas que deseen adherirse al mismo.

En febrero, Hacienda presentó la fórmula que determinará cuánto debe asumir el Estado por cada comunidad, aunque el departamento, liderado por María Jesús Montero, aclara que la decisión final dependerá de cada gobierno regional en cuanto a si acepta esta oferta.

De acuerdo a la propuesta, después de Andalucía y Cataluña, las siguientes comunidades que podrían beneficiarse son la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones; la Comunidad de Madrid, con 8.644 millones; seguida de Castilla-La Mancha, Galicia y Castilla y León, entre otras. Sin embargo, cabe destacar que ni Euskadi ni Navarra participan en este mecanismo debido a su régimen foral, aunque han solicitado una compensación similar.

EN SU PROCESO LEGISLATIVO

El Gobierno tiene como objetivo aprobar esta medida en la reunión del Consejo de Ministros y posteriormente enviarla a las Cortes Generales para su consideración y debate.

Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en febrero, la administración logró avanzar en esta propuesta gracias al apoyo de los gobiernos autónomos del PSOE, mientras que los representantes del PP abandonaron la reunión sin emitir su voto.

El Gobierno del PSOE interpreta esta ausencia como una forma de abstención, considerando que es probable que los gobiernos del PP finalmente se acojan a la medida si se aprueba, a pesar de sus críticas.

No obstante, el Ministerio de Hacienda aún no garantiza contar con todos los respaldos necesarios en el debate parlamentario, ya que algunos aliados, como Junts, han expresado reservas sobre la extensión de la medida a todas las comunidades autónomas.

UN ANÁLISIS EN TRES ETAPAS

Montero ha explicado que la metodología del proyecto se divide en tres fases. La primera fase analiza el diferencial del endeudamiento de cada comunidad entre 2009 y 2013, comparándolo con los datos de 2019 a 2023. Este análisis sugiere una condonación promedio del 19% de la deuda autonómica vigente.

La segunda fase prevé una condonación adicional para las comunidades que se encuentren por debajo de este umbral del 19,3% en su deuda. Montero ha destacado que esto responde al objetivo de corregir posibles percepciones de agravio entre las comunidades al comparar sus situaciones financieras.

Finalmente, en la tercera fase, se realizan ajustes para promover una mayor equidad en la distribución de la ayuda, destacando a la Comunidad Valenciana como la que recibiría mayor condonación per cápita. Además, se contempla un incremento en la condonación para aquellas comunidades que hayan aumentado sus ingresos a través del IRPF en los últimos años, permitiendo a las que superen la media obtener un descuento adicional del 10% en su deuda.