VALÈNCIA, 26 de agosto.

Ha emergido una situación preocupante en la comunidad de Huete, Carboneras de Guadazaón, Víllora (Cuenca) y Camporrobles (Valencia), donde los respectivos gobiernos locales han decidido presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La razón de esta acción es el reciente cierre de la línea de ferrocarril que conectaba Madrid, Cuenca y Valencia, una decisión que han calificado de alarmante en un comunicado oficial.

Los alcaldes de estas localidades sostienen que esta medida gubernamental representa una violación de los principios estipulados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al privar a diversas provincias de una estructura esencial para su desarrollo y bienestar. Además, critican el procedimiento utilizado para tomar dicha decisión, considerándolo cuestionable y poco transparente.

Faustino Pozuelo, alcalde de Camporrobles, ha manifestado con firmeza su compromiso de seguir luchando para restablecer el servicio ferroviario en la zona. Afirmó que el tren no solo es un medio de transporte, sino una herramienta clave para garantizar la movilidad y promocionar el desarrollo económico, turístico y empresarial de regiones que, de lo contrario, quedan al margen y en estado de abandono.

Pozuelo enfatizó que esta cruzada va más allá de un simple problema de transporte; se trata de reivindicar justicia territorial e igualdad de oportunidades para todos los habitantes. Según sus palabras, la comunidad no debe aceptar pasivamente la pérdida de este servicio vital debido a decisiones políticas que no consideran las necesidades de la ciudadanía.

El objetivo del recurso es que un tribunal independiente examine la situación y determine la forma en que se ha gestionado este asunto. Los alcaldes demandan que se restablezca el derecho de los ciudadanos a contar con un ferrocarril que simbolice sostenibilidad, desarrollo económico y cohesión territorial.