TOLEDO, 1 de octubre.

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha anunciado que está considerando la posibilidad de presentar medidas cautelares y de recurrir ante los tribunales la reciente decisión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura. Esta decisión, tomada el martes, autoriza la transferencia de 168 hectómetros cúbicos de agua en los próximos meses, correspondientes a volúmenes previamente aprobados, incluyendo 27 hectómetros cúbicos automáticos que debieron ser enviados en septiembre pero que fueron imposibilitados por la rotura del canal del acueducto en agosto.

En un comunicado oficial, la Asociación recalca que el año hidrológico finaliza el 30 de septiembre y según la legislación vigente, los volúmenes de agua que no se transfieran en este lapso pierden su validez, a menos que haya situaciones catastróficas o de urgente necesidad, circunstancias que no se presentan en este contexto.

La normativa especificada en la Disposición adicional quinta de la Ley 21/2015 es bastante clara. A menos que se trate de emergencias o necesidades extremas debidamente justificadas, los volúmenes aprobados que no se hayan trasvasado dentro del plazo establecido pueden ser transferidos en los tres meses siguientes solo si no se ha cambiado el nivel de explotación.

El presidente de la Asociación, Borja Castro, ha expresado su descontento al afirmar que "no se puede trasladar el agua de un año hidrológico a otro". Castigó la decisión de este martes como una clara violación de la ley, que atenta contra las propias normativa de explotación establecidas.

Castro también indicó que en el actual año hidrológico ya se han transferido 321 hectómetros cúbicos de agua, lo que se alinea con la media histórica de envíos, un volumen que equivale al consumo de toda la ciudad de Madrid durante un periodo de dos años. "No hay justificación para hablar de emergencia; se han enviado cantidades que satisfacen las necesidades del Levante adecuadamente", argumentó.

Por esta razón, la Asociación se plantea adoptar medidaslegales y solicitar medidas cautelares de forma urgente: "Si el agua se va, se pierde; no podemos quedarnos esperando una decisión judicial", añadió.

Además, Castro ha lamentado que esta decisión haya sido tomada tras un retraso de un año y medio en la aprobación de las nuevas normas de explotación, tal como se estipula en el Plan Hidrológico. Si no se ajustan a la baja y siguiendo la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe escalonamientos de caudales ecológicos, "los embalses de Entrepeñas y Buendía se vaciarán rápidamente", advierte la asociación.

Finalmente, Borja Castro ha enfatizado la necesidad de que "el Tajo disponga de normas claras, justas y ajustadas a la actual realidad climática". "No podemos seguir con regulaciones obsoletas que no se cumplen. El río, nuestros embalses y las comunidades que viven a su alrededor merecen el máximo respeto", concluyó.