TOLEDO, 17 de septiembre. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, manifestó su firme oposición al traspaso de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. En una declaración reciente, García-Page criticó las intenciones de Junts al considera que buscan presionar al Gobierno de Pedro Sánchez bajo la premisa de un intercambio legislativo y, además, por razones que él calificó de racistas y que afectan la soberanía nacional.

En un encuentro con los medios en el Palacio de Fuensalida, García-Page subrayó su postura en contra de las demandas del partido de Carles Puigdemont. A su juicio, Junts ha identificado una "debilidad política" en el Gobierno español que podría conducir a una serie de concesiones a favor de sus intereses, incluyendo el resurgimiento de viejas reivindicaciones sobre las competencias de inmigración.

El presidente regional sugirió que el independentismo catalán ha reconocido que existe una oportunidad para hacer avanzar su agenda, y citó la discusión sobre las competencias en inmigración como un claro ejemplo de ello. “La estrategia de Puigdemont parece orientada a debilitar la unidad del Estado y responde a motivaciones que, según él, son intolerables", argumentó García-Page.

Para él, aceptar estas condiciones sería "indefendible" desde una perspectiva de soberanía y falta de un enfoque progresista. "Es una cosa poder negociar en política, pero hay aspectos que no se pueden negociar, como la integridad nacional", enfatizó.

García-Page también destacó que las motivaciones detrás del independentismo son meramente de segregación y connotaciones racistas. Le resulta "inconcebible" pensar que alguien pueda defender una postura así desde un enfoque progresista, lo que considera un serio problema.

Por otro lado, el presidente afirmó que en el país se ha instaurado una atmósfera de desesperanza, criticando a algunos aliados políticos que, en privado, dan a entender que la situación política actual está cerca de su fin, mientras intentan sacar provecho de la situación. García-Page instó al PSOE y al Gobierno a no dejarse llevar por políticas que consideran confusas y dañinas.

Sobre la crisis política que actualmente afecta a España, García-Page abogó por una solución democrática, recordando que el futuro del país debe ser decidido por los ciudadanos, pero siempre con una perspectiva constructiva. Cuestionó a Esquerra Republicana y Junts, acusándolos de alimentar una práctica política que no beneficia a la sociedad.

El presidente mostró su descontento con la actual dinámica de negociación, sugiriendo que, al menos en este momento, no sería aceptable “vender el futuro del país por un puñado de días de legislatura”.

En relación con las elecciones autonómicas en Castilla y León, García-Page aseguró que no pretende intervenir en esos procesos. "El presidente ha establecido que las elecciones deben celebrarse en marzo, y yo respeto esa decisión", afirmó.

El presidente también comentó sobre la tendencia de abordar las elecciones desde una perspectiva nacional, afirmando que esto desvirtúa los asuntos locales. “Lo que sucede en Madrid a menudo eclipsa lo que ocurre en las comunidades autónomas”, criticó.

En cuanto a la posible convocatoria de elecciones generales, García-Page dejó abierta la posibilidad: “Cualquier cosa puede suceder; desde avanzar en la legislatura hasta una precipitación de elecciones, lo que dependa de las circunstancias actuales”.

Finalmente, sobre la propuesta de Junts para que los servicios de atención al cliente ofrezcan atención en catalán, el presidente fue claro al afirmar que no se debe utilizar el idioma como un instrumento de discordia. "Nosotros abogamos por el entendimiento, no por la confrontación", concluyó, asegurando que estará atento a cualquier normativa que pueda perturbar la cohesión y el equilibrio en este ámbito.