ALBACETE, 13 de diciembre.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA) ha llevado a cabo una presentación en su sede de Albacete, donde ha analizado el estado actual del sector agrario tras un año plagado de desafíos significativos. Este año comenzó con intensas protestas por parte de los agricultores, se vio afectado por severas sequías y finalizará bajo la presión de las negociaciones del polémico acuerdo con Mercosur.

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, recordó cómo las manifestaciones que marcaron el comienzo de 2024, en respuesta a los elevados costes de producción que enfrentaban las explotaciones rurales, llevaron a la firma de un acuerdo en abril con el Ministerio. Este acuerdo contempla 43 medidas que se han implementado en plazos sucesivos para mitigar la crítica situación que atraviesa el sector, un deterioro provocado en gran parte por la "excesiva burocracia", así como por las graves sequías y la dura competencia con productos importados de terceros países que no cumplen con los estándares de calidad exigidos a los agricultores y ganaderos europeos.

Morcillo explicó que el nuevo tratado comercial con países latinoamericanos constituye uno de los temas más urgentes en la actualidad. Aclaró que su organización no se opone a la firma de acuerdos comerciales, pero enfatizó que no permitirán que estos se lleven a cabo en detrimento del sector agrario o ganadero local.

La UPA ha expresado su inquietud respecto al impacto potencial de estas importaciones, las cuales generan una competencia desleal al no cumplir con los mismos requisitos fitosanitarios establecidos para los productos nacionales. Se teme que esto perjudique específicamente las industrias de la apicultura, avicultura, así como los sectores de cereales, arroz, maíz y porcino.

"Hemos manifestado nuestras preocupaciones tanto al Ministerio como a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Hasta ahora, la comunicación ha sido escasa, y estamos trabajando en la elaboración de un calendario potencial de movilizaciones como respuesta a esta situación", añadió Morcillo.

En particular, la UPA advirtió que la apicultura se encuentra en una encrucijada crítica, argumentando que los apicultores están viendo cómo venden la miel a precios entre 2,70 y 2,80 euros, mientras que su coste de producción supera los cuatro euros. Ricardo Ortega, representante de la Asociación de Apicultores afiliada a UPA, subrayó que "con Mercosur, países como Argentina y Uruguay, que exportan miel a precios mucho más bajos, podrían convertir esta situación angustiante en una crisis aún mayor".

Ortega también destacó que "vivir por debajo de los costes de producción es insostenible", subrayando la importancia de proteger las colmenas debido al valor añadido que aportan en términos de biodiversidad y polinización.

A pesar de que algunos representantes del sector agrario admiten que el acuerdo con Mercosur podría abrir oportunidades para la exportación de productos como el aceite de oliva, el vino o el aceite, exigen la implementación de medidas compensatorias para asegurar que otros sectores no se vean sacrificados en el proceso.

Durante la reunión, la UPA revisó las 43 medidas que están en curso tras el acuerdo alcanzado en abril con el Ministerio. "La flexibilización de las ayudas de la PAC y la conversión en voluntaria del cuaderno digital que se requería inicialmente son algunos de nuestros logros más destacados", comentó Morcillo. También mencionó las exigencias medioambientales de los eco-regímenes que, según él, habían dificultado que muchos agricultores pudieran acceder a este tipo de subvenciones.

La organización agraria ha expresado su gratitud por la eliminación de algunas figuras fiscales que han permitido una exención fiscal de 326 millones de euros en el presente año, además de una reducción del 35% en las facturas de carburantes y del 15% para fertilizantes.

En su continua búsqueda de apoyo, la UPA espera que el Ministerio de Agricultura incremente el presupuesto destinado a seguros agrarios a 315 millones de euros, incluyendo una cobertura adicional para incidentes ambientales asociados al cambio climático. Asimismo, han sugerido que se movilicen 800 millones de euros para financiar préstamos a jóvenes agricultores y a programas de cooperativas.

Por último, la UPA ha señalado la importancia del nuevo sistema de control de aduanas puesto en marcha el 1 de octubre, el cual opera como un proyecto piloto en el puerto de Algeciras. Este sistema permite al Ministerio de Agricultura asumir la responsabilidad de las inspecciones de los productos agroalimentarios, lo que podría convertirse en un paso positivo para el sector.

Morcillo mencionó que una delegación de la UPA tuvo la oportunidad de observar directamente cómo se llevan a cabo estas inspecciones, afirmando que esta medida elimina gran parte de la burocracia y favorece una mayor exigencia en los controles de productos extranjeros en un puerto que maneja el 70% de las importaciones vegetales hacia España. La UPA confía en que, a partir del 20 de enero, este modelo se implemente en otros puertos del país.