El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Castilla-La Mancha ha tenido un encuentro recientemente en Toledo, donde se ha reafirmado en su postura contraria a la regulación de la prostitución y los vientres de alquiler, así se expone en la Ponencia Marco que ha sido presentada durante su 13 Congreso Regional, que se celebra este fin de semana.

En este documento, que ha sido citado por Europa Press, los socialistas de la comunidad han dejado claro su rechazo a "cualquier práctica que mercantilice" los cuerpos de mujeres y niñas, argumentando que prácticas como los vientres de alquiler, la prostitución y la trata con fines de explotación sexual son ejemplos evidentes de esta mercantilización.

El texto sostiene firmemente que "no compartimos la práctica de los vientres de alquiler, que se fundamenta en la premisa de que todo puede ser objeto de compra y venta. No hay nada más neoliberal que justificar la compra de un cuerpo como si se tratara de un objeto, ignorando que cuerpo y persona son inseparables". Además, se señala que "las mujeres que son destinadas a este fin normalmente se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema y pobreza, lo que limita la libertad de su decisión".

Asimismo, se apunta que esta práctica "puede acarrear graves consecuencias para la salud física y, en especial, para la salud emocional". La Ponencia Marco aplica la misma lógica a su enfoque sobre la prostitución, subrayando que "sin prostitución, no habría trata", y reafirmando que el PSOE de Castilla-La Mancha adopta una postura abolicionista.

El documento subraya que "solo una interpretación equivocada de la libertad justificaría una regulación que, en última instancia, solo beneficiaría a las mafias y a quienes explotan vidas ajenas para su propio provecho. Nuestra responsabilidad radica en fortalecer redes de apoyo que faciliten a las mujeres en situación de explotación sexual la salida de la prostitución en condiciones de seguridad y libertad".

En el contexto de la violencia de género, el PSOE ha declarado que sus "casas del pueblo pueden y deben ser instrumentos eficaces para llevar a cabo acciones que busquen erradicarla". En relación con la igualdad de género, el partido ha admitido la necesidad de incorporar a más mujeres en la militancia de base, así como en los cargos orgánicos y en las instituciones, buscando así un incremento en el número de mujeres ocupando posiciones de liderazgo.

Desde una perspectiva general, los socialistas de la región han asegurado que su enfoque debe concentrarse en combatir la despoblación, ejercer el derecho al agua, el cual continúan considerando como una asignatura pendiente, y alcanzar un modelo de financiación autonómica “igualitario y justo”, diseñado a partir de la multilateralidad participativa de todas las comunidades autónomas.

Respecto a este último aspecto, el documento argumenta que el modelo actual "perjudica a Castilla-La Mancha, otorgándole un nivel de financiación por habitante ajustado inferior", y exige al Gobierno central que lidere una propuesta que se aborde desde el acuerdo y el consenso más amplio posible.

Mientras se negocia este nuevo modelo, la región ha solicitado un fondo transitorio de nivelación para corregir la falta de financiación que experimenta, el cual debería mantenerse hasta que se reforme el sistema de financiación autonómica, integrando sus recursos en el sistema general en ese momento.

Además, el partido ha exigido tratar la condonación de la deuda autonómica asociada a esta infrafinanciación y ha propuesto una armonización fiscal a través de una ley estatal que regule los tributos gestionados por las comunidades autónomas, con el fin de evitar una competencia fiscal desleal entre ellas. Por último, el PSOE ha expresado su intención de sugerir al Estado una fiscalidad que combata la despoblación, complementando las medidas ya establecidas en la región.

En relación con el agua, han manifestado su firme oposición a cualquier decisión que amenace los intereses de la región y han enfatizado que no se debe "perder de vista que el trasvase debe llegar a su fin". Su compromiso permanece firme, ya que consideran crucial asegurar la estabilidad en las comunidades ribereñas y que el agua se reconozca como un recurso esencial para la región.

Los socialistas de Castilla-La Mancha se han comprometido a avanzar en la creación de un nuevo Estatuto, a pesar de las dificultades, y han denunciado los intentos del PP de la región de obstaculizar dicho proceso, alegando que el partido está más enfocado en sus intereses nacionales que en los legítimos intereses de Castilla-La Mancha. La reforma debe ser “sólida” y el consenso debe primar en su tramitación.

Además, el PSOE ha indicado que la cantidad de parlamentarios debería variar, no solo para aumentar el número de representantes regionales, sino más bien para "garantizar una representación proporcional adecuada de la ciudadanía en las Cortes regionales, algo que actualmente no se da".

En la Ponencia Marco también se tocan otros temas, como la transparencia, considerada el mejor antídoto contra la corrupción, destacando que los cargos públicos socialistas "deben ser austeros y predicar con el ejemplo, al igual que las administraciones y sus representantes".

El documento afirma que "un corrupto nunca puede ser socialista" y establece que "ningún cargo político recibirá más de una retribución o compensación derivada de las administraciones públicas" y que "quienes se dedican a la política deben carecer de privilegios".

Por otro lado, se menciona la intención del PSOE de Castilla-La Mancha de potenciar su actuación en el ámbito europeo y aumentar su presencia en Bruselas con más recursos humanos y técnicos. También aboga por la implementación de una normativa específica de vivienda para las áreas rurales de la comunidad, estableciendo la categoría de Vivienda de Tipología Rural.

Finalmente, el documento enumera la necesidad de flexibilizar la legislación estatal para facilitar la cooperación en la prestación de servicios de policía local entre municipios cercanos; así como pretende reformar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) para mejorar las capacidades de las entidades locales en la atención a sus ciudadanos. También se contempla modificar la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) para fomentar la autonomía local.

Por último, el texto señala que "desde la irrupción de las redes sociales como canal de comunicación --fuera del periodismo tradicional-- la desinformación, los bulos, la manipulación y la falta de contraste en las noticias están perjudicando gravemente la cohesión y el progreso social, enfocándose en cuestionar de manera continua los avances de las políticas progresistas y de quienes las administran". Se reconoce que esta desinformación se ha convertido en una estrategia de ataque por parte de los partidos de la derecha para desacreditar a numerosos socialistas, especialmente a aquellos que están al frente del Gobierno en distintos niveles.