TOLEDO, 10 de julio. Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado luz verde a una nueva legislación que busca transformar la Administración regional. En una sesión reciente, los representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) se unieron para aprobar la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, mientras que el partido Vox se opuso a la medida.

José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de la región, presentó la ley, que llegó con 16 enmiendas de Vox y tres propuestas individuales que fueron rechazadas por los otros partidos. El objetivo principal, según el vicepresidente, es crear una Administración más moderna, ágil y cercana a los ciudadanos, que haga uso eficaz de la tecnología.

La ley se estructura en seis partes que suman 71 artículos, y se abordan varios aspectos como la simplificación de procesos administrativos, la reducción de plazos y la armonización de informes. Además, implementará el concepto de "silencio administrativo positivo" y el uso de declaraciones responsables para facilitar la interacción con la administración.

Uno de los bloques significativos de la norma establece unidades administrativas de apoyo que podrán ser creadas de manera temporal para ayudar a diferentes órganos en situaciones urgentes. También se prevé un uso extendido de las entidades colaboradoras, las cuales, bajo autorización, podrán verificar documentación, pero sin ejercer autoridad sobre los ciudadanos.

El tercer bloque es considerado por muchos como una "revolución administrativa", introduciendo la administración digital y nuevas herramientas como la Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia de los ciudadanos al interactuar con el Gobierno, brindando así mayor seguridad jurídica.

Martínez Guijarro cerró la discusión reafirmando la importancia de confiar más en el administrado, a la vez que establece las debidas garantías. El ponente del PSOE, Ángel Tomás Godoy, subrayó la necesidad de esta ley, lamentando la falta de consenso con Vox, y destacó la importancia de un sistema administrativo más eficiente que responda a las demandas de la sociedad actual.

Godoy defendió que la ley generará una mayor transparencia y confianza en la administración pública, además de crear una Comisión de Simplificación y Agilización Administrativa. Advocando por una modernización real, destacó las repercusiones que tendrá esta norma en la relación entre administrados y Administración al regular la Inteligencia Artificial.

En respuesta, el diputado de Vox, Luis Juan Blázquez, criticó firmemente la colaboración entre PSOE y PP, acusándolos de no haber presentado un documento que realmente cumpla con los objetivos de simplificación. Afirmó que la ley es, más bien, un simple "maquillaje legislativo" que encubre privatizaciones encubiertas de servicios esenciales.

Blázquez argumentó que su partido había planteado un plan más realista, que incluía un seguimiento anual y auditorías vinculantes que asegurarían un funcionamiento más eficaz de la administración. Según él, la ley actual falla en su propósito de eliminar la burocracia y en lugar de facilitar procesos, crea mayores obstáculos para los ciudadanos.

Desde el Grupo Popular, el diputado Santiago Serrano destacó su compromiso de no entregar un "cheque en blanco" y resaltó la importancia de incluir a los ayuntamientos y el sector agrícola en esta nueva ley. Defendió que las entidades colaboradoras deberían sumar al trabajo de los empleados públicos y no sustituirlos.

La intervención de Serrano resaltó cómo la normativa ha cambiado sustancialmente desde su concepción original, en parte gracias a las contribuciones del PP, asegurando que la ley finalmente reflejará un verdadero servicio a la ciudadanía y contribuirá a la modernización de la administración pública en Castilla-La Mancha.