TOLEDO, 28 de octubre. Este jueves, 30 de octubre, se prevé una gran movilización en Castilla-La Mancha, donde los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han hecho un llamado a la ciudadanía para salir a las calles en defensa de los derechos laborales de los empleados públicos. Denuncian el "desdén" que, según ellos, el Gobierno central ha mostrado hacia más de 130.000 trabajadores en la región, lo que ha desencadenado un descontento generalizado entre el personal del sector.

En una conferencia de prensa realizada este martes, líderes sindicales como Carmen Juste de CCOO, Carmen Campoy de UGT y Marisa García de CSIF expresaron su creciente preocupación por la situación del sector público en Castilla-La Mancha y la falta de respuestas por parte del Gobierno. Durante el acto, se enfatizó que las protestas están programadas para las 12:00, y se llevarán a cabo a las puertas de las subdelegaciones del Gobierno en las cinco capitales provinciales.

Los sindicatos han dejado claro que, si no se atienden sus demandas, no dudan en llevar su calendario de protestas hacia una posible huelga en diciembre. "Los empleados públicos, así como la ciudadanía en general, deben unirse en este reclamo. El futuro del Estado del Bienestar depende de que se mantenga la calidad de los servicios públicos", señalaron los representantes sindicales.

Critican al Ministerio de Administraciones Públicas por lo que consideran un marcado deterioro de los servicios públicos, consecuencia de la falta de personal y la escasa motivación entre los empleados, que adolecen de condiciones laborales dignas. Esta situación se agrava por la falta de un diálogo efectivo entre el Gobierno y los sindicatos.

Hasta la fecha, se han acumulado alrededor de 86,8 millones de euros que el Estado debe a los empleados públicos de la región debido a la ausencia de un acuerdo salarial para el año 2025. Además, desde 2012, la Junta ha perdido aproximadamente 3.000 puestos de trabajo entre funcionarios y personal laboral, lo que resalta la necesidad de abordar los problemas de empleo adecuadamente.

Los sindicatos enfatizan que la situación es aún más desventajosa para aquellos empleados públicos que dependen del Gobierno central, en comparación con sus colegas que trabajan exclusivamente bajo la Junta de Comunidades. Carmen Juste criticó que el Ministerio no ha iniciado las negociaciones correspondientes sobre el incremento salarial del conjunto de empleados públicos a nivel nacional, afectando así a las regiones y administraciones locales.

El sindicato también destacó la diferencia de situaciones con el sector privado, donde se prevé un incremento de salarios entre el 3,5% y el 4% entre 2026 y 2028. Juste instó a que al menos en esos términos se revalorice también el salario de los empleados públicos, quienes han visto disminuido su poder adquisitivo por más de dos décadas.

Entre los 130.000 funcionarios que dependen del Estado en Castilla-La Mancha, más de 6.000 pertenecen a la Administración General del Estado; alrededor de 1.800 están en el ámbito de la justicia; más de 90.000 forman parte del sector autonómico y más de 31.000 trabajan en la administración local.

En 2022, se alcanzó un pacto entre el Ministerio de Administraciones Públicas y los sindicatos que aún no se ha implementado, el cual prometía varias mejoras, incluyendo la creación del Grupo B y disposiciones para jubilaciones parciales, así como el desarrollo de carreras profesionales dentro de la función pública, tal y como expuso una de las representantes de CCOO.

Carmen Campoy, en otro orden, exigió al Gobierno que convoque las mesas de negociación para discutir el aumento salarial y abogó por la necesidad de contar con "empleo público suficiente", criticando la actual tasa de reposición que perpetúa la temporalidad en el empleo público.

La representante de UGT subrayó que el acceso al empleo público es "anacrónico" y pidió procesos más ágiles que correspondan con la realidad actual. Además, criticó la falta de una adecuada digitalización en el proceso administrativo, subrayando la necesidad de definir claramente los perfiles requeridos para modernizar las administraciones.

Asimismo, la representante del CSIF denunció el "maltrato" sistemático que sufren los empleados públicos, subrayando que su importancia solo es reconocida en momentos críticos como durante la pandemia. “Es una hipocresía que el Gobierno exija mejoras para los trabajadores del sector privado, mientras ignora las necesidades de sus propios empleados públicos", manifestó.

Finalmente, las cifras revelan que en Castilla-La Mancha, los empleados públicos han visto mermado su poder adquisitivo en más de un 20% desde 2010 y han padecido las consecuencias de políticas que se construyeron sobre la "famosa tasa Cospedal", sumando, además, la presión de una inflación alta en años recientes, tal como concluyó Marisa García.