La Audiencia Provincial de Ciudad Real se encuentra a punto de llevar a cabo un juicio de gran relevancia entre el 14 y el 17 de octubre, donde siete individuos enfrentarán severas acusaciones por su presunta vinculación con una red de trata de personas y prostitución forzada.

El Ministerio Público ha solicitado penas drásticas para los dos acusados más destacados, B.N.A.C. y J.R.A., con la visión de imponerles 39 años de cárcel, aunque limitando el tiempo efectivo de cumplimiento a un máximo de 18 años, según establece la legislación vigente.

De acuerdo con la denuncia oficial a la que ha tenido acceso Europa Press, se alega que esta pareja, ambos españoles, se aprovecharon de la vulnerabilidad de nueve mujeres colombianas, quienes fueron engañadas con falsas promesas de empleo y libertad para ejercer el trabajo sexual una vez llegaran a España.

Al arribar al país, las víctimas se encontraron en una situación de absoluta coacción, siendo forzadas a ejercer la prostitución día y noche, con limitaciones estrictas para salir de las residencias y bajo un control riguroso por parte de los acusados.

Las mujeres fueron trasladadas a varias localidades, incluyendo Valdepeñas y Motril, donde se les explotó sexualmente como parte de un entramado que pretendía justificar una deuda ficticia de 4.000 euros por el costo del viaje y la obtención de documentos necesarios.

Los responsables de esta red se quedaban con la mitad de las ganancias obtenidas de la explotación de estas mujeres, además de lucrarse vendiendo artículos como preservativos, lubricantes, medicamentos para el rendimiento sexual y, sorprendentemente, cocaína, la cual también era ofrecida a los clientes.

En el transcurso de la investigación, la policía logró intervenir más de 9.000 euros en efectivo, junto con libretas que contenían anotaciones relevantes, teléfonos móviles y un gran número de preservativos y fármacos destinados a mejorar el rendimiento sexual.

El Ministerio Fiscal ha presentado diversas acusaciones contra los principales implicados, incluyendo tres delitos de trata de seres humanos en conjunto con tres delitos de prostitución forzada, así como múltiples infracciones contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y cargos adicionales por infracciones relacionadas con la salud pública debido a la distribución de drogas.

Además de los dos líderes, cinco cómplices adicionales han sido imputados, incluyendo a M.N.A., la hija de uno de los principales acusados, encargada de supervisar una de las residencias en Motril, y R.A.G.A., quien se ocupó de vigilar a las víctimas y gestionar los cobros por los servicios sexuales. M.J.A.C. asumió esas responsabilidades en etapas posteriores.

También se encuentran entre los acusados J.D.F.N. y M.R.R.R., quienes facilitaron documentos que permitieron la entrada de las víctimas en territorio español.

El fiscal ha solicitado igualmente penas de prisión para los otros implicados, destacando 12 años para M.N.A. y 10 años y medio para R.A.G.A., mientras que para los restantes acusados se proponen condenas más leves. Además, se pide una compensación de 30.000 euros para cada una de las tres víctimas principales involucradas en el caso.