Crónica Castilla-La Mancha.

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Solicitan una pena de 3 años y medio para un hombre acusado de defraudar a la Seguridad Social en 1,3 millones de euros.

Solicitan una pena de 3 años y medio para un hombre acusado de defraudar a la Seguridad Social en 1,3 millones de euros.

TOLEDO, 2 de mayo. Este próximo miércoles, 7 de mayo, la Audiencia Provincial de Toledo llevará a cabo el juicio contra un individuo acusado de defraudar 1,3 millones de euros a la Seguridad Social. La Fiscalía ha solicitado una condena de 3 años y medio de prisión, junto con una multa exorbitante de 4.017.186 euros, cifra que triplica el monto defraudado.

Según el documento presentado por la Fiscalía, F.P.B., el acusado, inició su actividad como autónomo el 1 de octubre de 2009. Desde entonces, ha sido el administrador y único responsable de varias sociedades, cada una con sustanciales deudas acumuladas con la Tesorería General de la Seguridad Social, las cuales se han multiplicado a lo largo de los años.

El propio F.P.B. también posee una deuda personal con la Seguridad Social que asciende a 2.609,40 euros. Las distintas sociedades en las que ha estado involucrado operaban en el mismo sector, compartiendo el mismo domicilio y centro de trabajo en Ocaña, Toledo. A lo largo de su gestión, ha acumulado una deuda por impago de las cuotas de hasta 67 trabajadores contratados.

La Fiscalía describe un patrón preocupante donde, tras recibir sanciones administrativas por sus impagos, F.P.B. optaba por disolver cada una de sus sociedades. Este proceso le ha permitido crear nuevas entidades cambiando sus estatutos y domiciliación, asegurando así la continuación de su actividad empresarial y la acumulación de nuevas deudas al recontratar a trabajadores de las empresas anteriores.

En total, la deuda generada por todas estas sociedades asciende a 1.339.062,70 euros, cifra que ha sido actualizada con los recargos correspondientes a fecha de 8 de octubre de 2019. La Fiscalía también ha solicitado que, en caso de impago, el acusado enfrente una responsabilidad personal subsidiaria de seis meses y se le impida acceder a subvenciones o ayudas públicas, así como disfrutar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cinco años.