TOLEDO, 17 de julio. En un avance significativo hacia la modernización de la administración pública, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha dado a conocer la reciente aprobación de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Este importante marco legislativo, ratificado durante la sesión plenaria de las Cortes regionales, comenzará a aplicarse en un plazo de 20 días.

La nueva ley se estructura en seis títulos y abarca un total de 71 artículos, junto a disposiciones adicionales y finales que refuerzan su contenido. Se divide en tres bloques estratégicos, siendo el primero de ellos destinado a la simplificación de los procedimientos administrativos. Esto incluye la reducción de plazos, la armonización de informes y la implementación del silencio estimatorio, así como la promoción del uso de declaraciones responsables que agilicen las gestiones.

En este marco, se establece también la regulación de unidades administrativas de apoyo que proporcionarán asistencia a los órganos gubernamentales en situaciones específicas que así lo requieran por urgencia o necesidad. Además, se apuntan novedades como el refuerzo del sentido estimatorio de los silencios administrativos y la creación de un mecanismo de doble silencio positivo que beneficiará a los ciudadanos.

El segundo bloque de la ley introduce el concepto de entidades colaboradoras de la Administración. Se trata de personas jurídicas autorizadas para realizar labores de informe y certificación, garantizando así la verificación de documentación dentro de los procesos administrativos. Este modelo, que ya se utiliza con éxito en otras comunidades y a nivel estatal, asegura que estas entidades no ejercerán funciones de autoridad en ningún momento.

Por último, el tercer bloque se centra en el avance hacia la digitalización de la administración pública, destacando el uso de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial y la automatización de procedimientos. Con estas iniciativas, se busca proporcionar una mayor seguridad jurídica tanto a los funcionarios como a los ciudadanos que utilizan los servicios públicos.