La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación 'Ponos' en diversas localidades de Valencia, llevando a cabo un total de siete registros en domicilios y uno en un establecimiento. En el marco de esta operación, se han detenido a 13 personas de entre 19 y 59 años por su implicación en 629 hechos delictivos que afectaron a, al menos, 209 víctimas. La organización suplantaba la identidad de personas y falsificaba documentos personales como, por ejemplo, nóminas, para obtener créditos y comprar bienes que posteriormente vendían.

Los delitos que se les imputan a los detenidos son: estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos, apropiación indebida, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. La repercusión de estos delitos se ha extendido a nivel nacional, afectando a múltiples regiones del país, incluyendo Valencia, Castellón, Alicante, Canarias, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Córdoba, Segovia, Cuenca, Murcia, Gijón, Zaragoza, Teruel, Navarra, las Islas Baleares, Barcelona, Lleida, Sevilla, Bizkaia, A Coruña, Cantabria y Albacete.

La investigación se inició tras un gran número de denuncias por estafa, en las que los autores empleaban un similar 'modus operandi'. Una vez que obtenían una fotografía del DNI de sus víctimas, la organización suplantaba su identidad y compraba productos por internet a su nombre. Una vez que recibían lo comprado, lo revendían en aplicaciones y páginas de compraventa de artículos de segunda mano.

Los autores de la organización falsificaban nóminas y otros documentos personales necesarios para abrir cuentas bancarias y contratar líneas telefónicas. Afectando, en total, a más de 200 personas, la organización creó deudas con entidades de crédito y proveedores de telefonía, obteniendo más de un millón de euros. Los máximos responsables de las distintas células regionales se coordinaban entre ellas para cometer los delitos, traspasando las comunidades autónomas con el objetivo de dificultar la labor policial.

Sobre uno de los máximos responsables de la organización pesaban 23 requisitorias judiciales de varios juzgados de toda España. Otro de ellos, que además falsificaba recetas médicas para obtener medicamentos sujetos a prescripción médica, intentó escapar escondiéndose en un centro social ocupado ilegalmente, pero finalmente fue detenido cuando se encontraba en un vehículo que fue sustraído en 2022 y que pudo recuperarse.

Cerca de cien guardias civiles participaron en los registros efectuados en la Comunidad Valenciana, donde se incautó gran cantidad de documentación sobre la comisión de los delitos investigados, además de otros bienes que adquirían con los créditos y que todavía no habían vendido. Se encontraron también 10 kilogramos de marihuana, varias dosis de cocaína y básculas de precisión. Los autores de la organización cambiaban constantemente de vivienda, enviaban dinero al extranjero y usaban más de 700 líneas telefónicas distintas para comunicarse.