CUENCA, 28 de agosto.

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha informado que la administración regional se plantea la posibilidad de impugnar el decreto-ley relacionado con la distribución de menores migrantes, debido a desacuerdos en cuanto a la financiación que recibirá por parte del Gobierno central.

Martínez Guijarro ha subrayado que, si bien Castilla-La Mancha ha sido históricamente una región solidaria y está dispuesta a colaborar en la situación que enfrenta el país, esto no debe ocurrir al detrimento de los recursos de la comunidad autónoma. Sus declaraciones se realizaron en una rueda de prensa previa a la inauguración de la Feria de Artesanía de Cuenca.

El Gobierno regional ha expresado su preocupación principalmente por la financiación destinada a la atención de los 600 menores migrantes que se espera acoger, advirtiendo que la asignación de 100 millones de euros resulta insuficiente para las necesidades que plantea la situación. Además, señaló que no existen suficientes plazas disponibles para atender a todos estos niños.

Martínez Guijarro ha enfatizado su compromiso de cumplir con la legislación vigente, pero también ha manifestado la intención de proteger los intereses de la comunidad. Indicó que se llevará a cabo un detallado análisis del decreto-ley y que, con alta probabilidad, será objeto de impugnación. Asimismo, hizo un llamado tanto al Gobierno de España como al principal partido opositor para que se logre un acuerdo que aborde adecuadamente la atención a los menores no acompañados.

En otro orden de cosas, al ser consultado sobre el inicio del nuevo curso político, el vicepresidente ha recordado que en la próxima reunión del Consejo de Gobierno se discutirá el techo de gasto, con miras a su aprobación en el pleno del mes de septiembre. Esta decisión es crucial para la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma.

El objetivo del Ejecutivo regional es que los nuevos presupuestos entren en vigor el 1 de enero, priorizando el mantenimiento de los servicios públicos, la mejora de infraestructuras y la continuidad del crecimiento económico, lo que consideran esencial para el buen funcionamiento de la comunidad autónoma.

A pesar de esto, Martínez Guijarro ha reiterado su deseo de que en esta nueva etapa política se logre abordar el modelo de financiación de las comunidades autónomas, subrayando que este es un desafío fundamental que está intrínsecamente ligado a la viabilidad de los servicios públicos.