En Madrid, el inicio del año 2024 ha llegado con una trágica noticia que pone de manifiesto la preocupación en torno a la seguridad en las actividades cinegéticas. Un total de once personas han perdido la vida, de las cuales diez eran cazadores, como resultado de disparos accidentales. Además, se han reportado 19 heridos, de acuerdo con un informe elaborado por grupos opuestos a la caza.

Es importante destacar que este recuento no incluye las muertes o lesiones ocasionadas por armas de caza fuera de un contexto cinegético, tales como delitos, incidentes de violencia de género o accidentes de tráfico que impliquen a animales que se escapan o que son utilizados en las batidas de caza, como jabalíes, ciervos, corzos y perros.

En cuanto a la distribución geográfica de estos incidentes fatales, Castilla-La Mancha se posiciona como la comunidad autónoma más afectada, con cuatro fallecimientos y tres heridos. Le siguen Andalucía, donde se han reportado tres muertos y un herido.

Colectivos en contra de la caza han señalado que, si bien se ha observado una notable reducción en el número de personas heridas que no están relacionadas con la caza, ha habido un incremento en los ataques a personas por parte de perros de caza, lo que genera nuevas inquietudes sobre la seguridad en el campo.

Asimismo, han criticado la falta de estudios y datos oficiales que registren adecuadamente las muertes, heridos y accidentes ligados a la caza. Sostienen que los datos proporcionados por el Gobierno carecen del rigor necesario y no reflejan la gravedad de la situación.

El desglose de las fatalidades revela que las muertes se han concentrado en varias comunidades: tres en Andalucía (específicamente, en Granada, Jaén y Córdoba), una en Asturias (Cabrales), cuatro en Castilla-La Mancha (dos en Toledo y dos en Ciudad Real), una en Castilla y León (Burgos), una en Extremadura (Badajoz) y una más en Madrid (Guadalix de la Sierra).

Ante este panorama, los grupos contrarios a la caza han instado al Gobierno y, en particular, al Ministerio del Interior, que es el encargado de regular la posesión de armas en España, a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los 47 millones de españoles que se aventuran al campo, esperando disfrutar de la naturaleza sin el miedo a ser alcanzados por un disparo o atacados por un grupo de perros de caza.

Entre las acciones propuestas, los colectivos destacan la necesidad de realizar un estudio y recopilar estadísticas sobre los accidentes provocados por cazadores. Sugieren que los accidentes de tráfico vinculados a animales durante y después de jornadas de caza sean considerados responsabilidad de los cazadores y gestores de cotos. También proponen controles de alcoholemia y sustancias en los cotos de caza, exámenes psicotécnicos más estrictos y periódicos, y la limitación de la edad para cazar tanto en menores como en mayores de 70 años. Además, abogan por la prohibición de la enseñanza del uso de armas a menores de edad, buscando así una mayor responsabilidad en estas actividades.