TOLEDO, 18 Jul.

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy el dictamen sobre el proyecto de Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha. La norma, respaldada por PSOE y PP, tiene como objetivo promover la transparencia y prevenir la corrupción en la gestión del Gobierno regional y sus entidades con participación pública, contando con el rechazo de Vox.

Los impulsores de la norma han destacado que la transparencia es fundamental para erradicar la corrupción en la Administración autonómica. Por otro lado, Vox ha criticado la ley por considerar que incluye beneficios excesivos para altos cargos y políticos.

Durante la sesión plenaria, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha subrayado la importancia de la integridad en la gestión pública y la transparencia como herramienta preventiva contra la corrupción.

La Ley de Integridad Política impone nuevas obligaciones a los altos cargos, como presentar una declaración de patrimonio al inicio de su cargo, y establece un régimen sancionador que va desde amonestaciones hasta el cese en el cargo público.

La diputada socialista Isabel Abengózar ha defendido la norma como una herramienta para mejorar la calidad democrática y adaptar la normativa a los nuevos tiempos. Por su parte, Vox ha rechazado la ley, acusando a PSOE y PP de introducir beneficios para altos cargos a escondidas.

Tanto el Gobierno regional como los defensores de la ley han rechazado las acusaciones de Vox, calificándolas de demagógicas. Han destacado que la norma busca garantizar la integridad política y luchar contra la corrupción de manera transparente.

En términos similares se ha pronunciado la diputada del Partido Popular, Tania Andicoberry, quien ha apoyado la ley como una oportunidad para avanzar en la transparencia y mejorar la imagen de la clase política. Ha destacado la importancia de dignificar a los gestores públicos y combatir el fraude y la corrupción desde el consenso político.