En la ciudad de Cuenca, el tribunal ha dado a conocer los resultados de un juicio que ha captado la atención pública. El acusado, J.A.G.J., tuvo que enfrentarse a serias acusaciones por la distribución de pornografía infantil, un delito que, de acuerdo con la acusación, debería haber conllevado una pena de dos años de prisión.

Sin embargo, en un giro inesperado, el acusado ha admitido los cargos en la Audiencia Provincial y ha optado por aceptar una condena de conformidad que reduce su pena a un año de reclusión. Esta decisión se ha tomado en un contexto donde la Fiscalía y la defensa han logrado un acuerdo que también incluye una importante restricción: J.A.G.J. no podrá desempeñar ningún trabajo o actividad que requiera contacto directo con menores durante un período de cinco años.

Además, como parte de este acuerdo judicial, la ejecución de la pena ha sido suspendida por un lapso de tres años. Esta medida se basa en el artículo 80 del Código Penal, que establece que, al no haber responsabilidad civil, ser el acusado sin antecedentes penales y la duración de la pena ser inferior a dos años, se puede optar por una suspensión de la pena privativa de libertad.

Con la sentencia ya firmada, el acusado tendrá la oportunidad de evitar la cárcel siempre que mantenga una conducta apropiada en los próximos tres años. Las evidencias en su contra son contundentes, ya que se le acusa de haber compartido entre el 18 de diciembre de 2022 y el 14 de febrero de 2023 al menos 46 archivos con contenido pornográfico infantil, utilizando el programa de intercambio de archivos eMule.

Durante un registro realizado en su vivienda, las autoridades presenciaron la gravedad de la situación al incautar un ordenador portátil y dos discos duros que contenían más de 3,000 archivos de abuso sexual de menores. Este caso resalta la necesidad de medidas más estrictas en la lucha contra la explotación infantil y la protección de los más vulnerables en nuestra sociedad.