El PP y el PSOE respaldan la Ley de Integridad Pública pese a las críticas de Vox por supuesta indulgencia hacia ex políticos.

El Partido Popular y el PSOE han logrado sacar adelante 11 enmiendas conjuntas en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha, mediante las cuales defienden la asignación propuesta como una prestación por desempleo.

TOLEDO, 5 Jul.

La reunión de la Comisión, que fue suspendida el pasado 10 de junio, se reanudó para discutir las enmiendas y elaborar el dictamen final de la Ley de Integridad Pública de la región. Esta ley ha generado controversia, con críticas de Vox que la considera una especie de "paguita" encubierta para políticos que dejen sus cargos y no regresen a trabajar, permitiéndoles recibir esta asignación durante dos años.

El diputado de Vox, Luis Blázquez, ha expresado su apoyo a la ley pero ha señalado que considera que se ha hecho de manera deficiente, llegando tarde para combatir la corrupción. Además, criticó la falta de regulación adecuada desde 2006 por parte de PP y PSOE.

Blázquez cuestiona la centralización del control en un único órgano, manifestando preocupación sobre el futuro del Portal de Transparencia, las unidades de transparencia y el Consejo de Transparencia. Para él, la verdadera intención de la ley es encubrir una remuneración para altos cargos gubernamentales que cesen por cualquier razón.

Por otro lado, la diputada del PP Carolina Agudo ha defendido la ley, destacando que aporta seguridad jurídica al gobierno y aumenta el control del Parlamento. En su opinión, es justo que los políticos cesantes tengan garantías durante dos años después de abandonar su cargo.

En respuesta a Vox, Agudo considera que la ley protege a todos los cargos de posibles situaciones de desamparo, rechazando las enmiendas presentadas por el partido.

La diputada del PSOE, Isabel Abengózar, se ha alineado con Agudo al afirmar que las enmiendas ayudan a clarificar y hacer más comprensible el texto de la ley, cumpliendo así con un compromiso del presidente García-Page.

Abengózar defiende que la integridad en las instituciones es fundamental para su eficiencia, asegurando que la ley no busca encubrir pagos, sino garantizar igualdad ante los ciudadanos y ofrecer una prestación por desempleo a los políticos.

PP y PSOE han trabajado juntos en la presentación de enmiendas, aunque han criticado una específica que propone pagar a un político cesante durante dos años en caso de no regresar a su trabajo anterior por cualquier motivo, calificándolo como una burla.