Crónica Castilla-La Mancha.

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Fiscalía solicita seis años de prisión para vendedor de drogas con antecedentes de falsificación en Albacete.

Fiscalía solicita seis años de prisión para vendedor de drogas con antecedentes de falsificación en Albacete.

ALBACETE, 10 de mayo. La Fiscalía ha solicitado una pena de seis años de prisión para un individuo arrestado en Albacete por la presunta venta de drogas, quien cuenta con un historial delictivo que incluye condenas desde el año 2019 por delitos relacionados con la falsificación de documentos.

La fecha clave en este caso es el 15 de mayo de 2024, cuando el acusado alquiló un apartamento a través de la plataforma Airbnb utilizando un documento de identidad que había sido sustraído el año anterior, de acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía, que ha sido divulgada por Europa Press. El juicio está programado para el próximo lunes, 12 de mayo, en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.

Al día siguiente de su alquiler, el sospechoso fue detenido en el patio de la vivienda con una mochila que contenía más de siete gramos de ketamina, dos gramos de MDMA, más de dos gramos de clorometcatinona —comúnmente conocida como "sales de baño"—, más de tres gramos de metanfetaminas y casi un gramo de alfa-PHP, una sustancia que fue ilegalizada en España en 2023.

El valor estimado de las drogas encontradas en su posesión asciende a más de 770 euros en el mercado negro, un total que la Fiscalía sostiene que el acusado tenía la intención de distribuir. Por este motivo, se han presentado cargos de delitos contra la salud pública, pidiendo cuatro años y medio de cárcel junto a una multa de 2.100 euros. Además, por el uso de documentos falsificados, se requiere otro año y medio de prisión y una multa de 12 euros diarios durante un período de nueve meses.

El historial delictivo del imputado no es menos preocupante, ya que incluye diversas condenas por falsificación y estafa en múltiples localidades españolas, como Donostia, Barcelona, León, Madrid, Asturias, Álava, Murcia, Córdoba, Ciudad Real y Alicante, desde 2019 hasta 2023. En total, las condenas pendientes suman más de siete años de prisión.