TOLEDO, 18 de julio. Izquierda Unida en Castilla-La Mancha ha solicitado este viernes la renuncia de la consejera de Bienestar Social de la región, Bárbara García Torijano. Esta demanda surge tras su reciente declaración en la que justifica la negativa a recibir a más menores migrantes señalando el “riesgo de incrementar la tensión social”, haciendo alusión a los disturbios ocurridos en Torre Pacheco, Murcia.

La formación política también ha cuestionado otras afirmaciones de García, quien esta semana advirtió que una mala gestión en la acogida de menores migrantes podría crear un “caldo de cultivo para la xenofobia” en la sociedad.

Izquierda Unida ha denunciado que el PSOE en Castilla-La Mancha está utilizando los episodios de violencia en Torre Pacheco como pretexto, al parecer alentado por grupos de extrema derecha y Vox, para oponerse al Gobierno Central en la cuestión del reparto equitativo de menores migrantes entre comunidades, tal como plantea el Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego.

Pedro Mellado, coordinador regional de IU, ha calificado las palabras de la consejera como “inaceptables”, afirmando que los incidentes en Torre Pacheco no guardan relación con la acogida de menores. En sus declaraciones, agregó que “los verdaderos generadores de tensión social son aquellos que se manifiestan con ideologías extremas, no los migrantes, que son víctimas en esta situación”.

El líder de IU ha apuntado que el PSOE, a través de Page, está aprovechando estos actos de violencia en Torre Pacheco para orientarlos en contra del Gobierno, una estrategia similar a las tácticas de PP y Vox. Señala que es momento de que los partidos democráticos adopten una postura honesta y rechacen el discurso de odio contra las minorías en España, algo que, según él, Page estaría evadiendo en su búsqueda de beneficios electorales en la comunidad.

Por último, Mellado ha valorado que la tasa de criminalidad en España contra individuos ha permanecido prácticamente constante durante las dos últimas décadas, mientras que la población migrante se ha duplicado, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Esto sugiere que no existe una correlación entre el aumento de delitos y el incremento de la población migrante en el país.