TOLEDO, 10 de noviembre.

El debate sobre la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha llegado al Congreso de los Diputados, tras haber sido aprobado en las Cortes regionales. Este proceso legislativo se remonta a la última reforma relevante de 2014, que se discutió hace casi una década y que representó la cuarta modificación del Estatuto desde su creación en 1991.

La discusión se anticipa como un terreno de confrontación política, donde la defensa del proyecto por parte del gobierno de María Dolores de Cospedal se encuentra con la oposición rotunda del PSOE, así como con las críticas de fuerzas minoritarias como Izquierda Unida y UPyD, que se circunstancian en una oposición contundente frente a una abstención de los partidos nacionalistas.

Francisco Cañizares, el actual alcalde de Ciudad Real y representante de las Cortes, fue el encargado de presentar el proyecto, enmarcando su intervención como una propuesta que no pretende realizar cambios profundos en la relación de Castilla-La Mancha con el Estado.

“No se trata de una reforma significativa”, afirmó Cañizares, explicando que la modificación no implica nuevas competencias ni genera controversias territoriales, insistiendo en que se trataba de un acto de gestión eficaz en un contexto de crisis.

El diputado del PP aludió al ajuste del número de diputados, reformulando el rango de 47 a 59 a uno más moderado de 25 a 35. Sostuvo que esta era una medida necesaria para optimizar el sistema autonómico tras años de dificultades económicas en la región, defendiendo la labor del gobierno de Cospedal ante la presión fiscal.

Además, Cañizares destacó el respaldo ciudadano que, según él, favorecía la idea de reducir el número de representantes legislativos, afirmando que el 94% de la población estaba a favor de esta medida.

Con los ecos del controvertido Estatut de Catalunya en mente, el alcalde recalcó que la propuesta no generaba conflictos en el Congreso, en contraposición a otras reformas autonómicas que, a su juicio, vulneraban principios fundamentales de la Constitución.

El discurso de Cañizares fue respaldado por el diputado Agustín Conde, quien subrayó la necesidad de un modelo de Estado sostenible que asegure una relación medible entre recursos y responsabilidades en el ámbito público.

En oposición a esta postura, el PSOE se presentó como la principal fuerza crítica, denunciando la falta de consenso en torno al proyecto y cuestionando la lógica detrás de la reducción del número de diputados. Soraya Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario, argumentó que la iniciativa era una maniobra intencionada para manipular la ley electoral en beneficio del Partido Popular.

Rodríguez destacó que solo 25 de los 49 diputados en las Cortes apoyaban la reforma, lo que, en su opinión, distaba mucho del consenso necesario para modificar una norma fundamental en el ámbito democrático. “Este 51% representa únicamente a un partido que quiere aprovecharse electoralmente de esta reforma”, sostuvo.

La portavoz también criticó la narrativa de austeridad del PP, recordando que solo un año atrás se había ampliado el número de parlamentarios, lo que contradice la supuesta necesidad de reducirlos por razones de coste.

Desde IU y UPyD, la oposición continuó en la misma línea, advirtiendo que la reforma comprometía los principios democráticos. Cayo Lara, de Izquierda Unida, enfatizó que esta modificación surgía como resultado de un clima de desconfianza hacia la política, donde el recorte en la representación podría llevar a la erosión misma de la democracia.

El coordinador general de IU cuestionó el sentido de una comunidad con más de dos millones de habitantes quedando con menos escaños que otras regiones, sugiriendo que la movería en beneficio solo de ciertos intereses políticos.

Por su parte, el diputado de UPyD, Carlos Martínez, consideró el proyecto como un ataque directo a la democracia representativa, afirmando que estaba diseñado para facilitar el control del Partido Popular en el Parlamento regional.

A pesar de las críticas generalizadas, fuerzas nacionalistas se abstuvieron de oponerse frontalmente, aunque sin dejar de criticar la falta de apoyo amplio para la reforma. Aitor Esteban, del PNV, argumentó que la modificación presentaba riesgos a los equilibrios institucionales y carecía del respaldo de otras fuerzas políticas significativas.

Finalmente, con un respaldo de 168 votos del Partido Popular y una oposición compuesta por 124 votos del PSOE, IU y UPyD, así como 21 abstenciones, la reforma fue aprobada, lo que marca un nuevo capítulo en la evolución del Estatuto de Castilla-La Mancha.