GUADALAJARA, 15 de septiembre.

En un acto que marca un hito en la justicia regional, María Elena Mayor Rodrigo, una veterana magistrada de 60 años, asumió el cargo de presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara. Con un enfoque decidido en combatir la violencia de género y las agresiones sexuales, resaltó la alarmante situación que enfrenta la provincia en este ámbito.

“Es preocupante la cantidad de casos de violencia de género y agresiones sexuales que se están registrando en Guadalajara”, declaró la nueva presidenta durante su pronunciamiento ante los medios, antes de oficializar su cargo. Esta posición no le es nueva, ya que había estado desempeñando funciones interinas tras la renuncia de su predecesora, Isabel Serrano, quien se trasladó a otro destino.

En compañía de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, Mayor Rodrigo admitió que, si bien el número de incidentes es alarmante, también ha aumentado la disposición de las víctimas para presentar denuncias, algo que considera fundamental en la lucha contra el delito.

La nueva presidenta destacó que, en promedio, la Audiencia Provincial recibe dos casos de agresiones sexuales al mes. Uno de sus objetivos será coordinar esfuerzos para mejorar las estadísticas y defender la independencia judicial, además de implementar un nuevo modelo judicial que posicione a Guadalajara como pionera en Castilla-La Mancha.

Mayor Rodrigo estima que será necesario añadir al menos un juzgado más especializado en violencia de género, ya que, aunque se prevé la apertura de uno en octubre, este abarcará todas las agresiones sexuales en la provincia, incluyendo localidades como Molina y Sigüenza. También hizo un llamado por más recursos en materia de derecho social y contencioso.

Un principio clave en su gestión será la creación de una justicia más ágil y accesible, promoviendo la transparencia en todos los procesos judiciales para que los ciudadanos comprendan cómo se ejerce la justicia en su localidad.

Conmovida, Mayor Rodrigo asumió esta responsabilidad tras tres décadas de servicio, de las cuales 20 las ha pasado en Guadalajara. Comenzó su carrera en el Registro Civil, atendiendo a personas que, tras pasar la noche en la calle, buscaban asistencia.

Originaria de Ruguilla, siente un profundo orgullo de poder ejercer la justicia en su provincia natal. Apuntó que su cercanía con la comunidad le permite entender mejor sus dinámicas y preocupaciones. “Conozco bien a la gente de aquí; somos trabajadores y de gran carácter”, afirmó.

Está dispuesta a abordar los retos que su nuevo papel le presenta y espera poder reflejar la verdadera imagen de la justicia.

Respecto a las carencias en el sistema, reconoció que tanto los recursos personales como materiales son insuficientes y que será fundamental pedir apoyo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para mejorar la eficiencia del servicio.

Desde su anterior papel como presidenta en funciones, ha trabajado para dar continuidad a proyectos y abordar los problemas que han surgido en el camino.

La ceremonia de toma de posesión tuvo lugar en el Salón de Actos del Complejo San José, con la presencia de diversos actores de la sociedad civil y política local. María Pilar Astray Chacón destacó la urgencia de contar con este nuevo nombramiento, subrayando las carencias en la cantidad de jueces disponibles en la región.

“Si bien la presidencia está bien servida, estamos en la necesidad crítica de más jueces en muchos lugares”, afirmó Astray Chacón, quien insistió en la creación urgente de un quinto magistrado para la Audiencia Provincial de Guadalajara, dado el volumen de trabajo que maneja esta institución.

El consejo ha sido solicitado para revisar la creación de esta posición, reconociendo la experiencia y capacidades que Mayor Rodrigo aporta al cargo, incluyendo su serenidad y habilidad para enfrentar desafíos complejos.

Finalmente, se agradeció a la nueva presidenta por su valentía al aceptar esta responsabilidad, que conlleva retos y un compromiso significativo con el bien común de la ciudadanía.