TOLEDO, 4 de noviembre. La Audiencia Provincial de Toledo tiene programado para este miércoles, 6 de noviembre, el juicio contra dos individuos, conocidos como R.L.J. y E.V.P., quienes enfrentan acusaciones graves por su implicación en la venta y distribución de hachís, cocaína y MDMA desde un domicilio y un establecimiento ubicado en Talavera de la Reina.

Según detalla el escrito de acusación presentado por la fiscalía, los imputados actuaban en un acuerdo mutuo y deliberado para comercializar drogas de diversas clases, tanto aquellas que generan un grave daño a la salud como otras que son menos perjudiciales. Este negocio ilegal, se afirma, representaba su principal fuente de ingresos.

La actividad delictiva no pasó desapercibida para las fuerzas de seguridad, que se encargan de vigilar el tráfico ilegal de sustancias prohibidas. De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal, los lugares asociados a la distribución de estas drogas fueron objeto de una exhaustiva vigilancia durante los días 19 y 20 de julio de 2022.

Durante estos periodos de observación, los agentes fueron testigos de numerosos intercambios de estupefacientes, donde los acusados realizaban transacciones de drogas a cambio de dinero. Este entorno fue calificado por las autoridades como un “auténtico supermercado de la droga”, dada la gran actividad que allí se desarrollaba.

Después de identificar a varios consumidores, se solicitó una orden de entrada y registro, la cual fue aprobada mediante un auto fechado el 26 de julio de 2022. Esta acción se llevó a cabo el 27 de julio de ese mismo año, comenzando a las 08:00 horas, involucrando un registro en un domicilio ubicado en la Plaza de la Hispanidad y en un local situado en la Avenida Príncipe Felipe, ambos propiedad de los acusados.

En el transcurso de la operación, se incautaron diversas sustancias y objetos, incluyendo cannabis, resina de cannabis, cocaína, así como 5 pastillas de color rosa marcadas con la inscripción “Netflix”, que corresponden a MDMA, entre otros artículos asociados al tráfico de drogas.

Los actos cometidos por R.L.J. y E.V.P. son tipificados como un delito contra la salud pública por tráfico de drogas que generan un daño considerable a la salud de los ciudadanos. Por esta razón, la Fiscalía ha solicitado una condena de nueve años de prisión para cada uno de los acusados, además de imponerles una inhabilitación especial para ejercer el derecho al sufragio pasivo durante la duración de la pena y una multa económica de 31.813,67 euros. Se contempla también 250 días de responsabilidad subsidiaria en caso de que no se efectúe el pago de la multa impuesta.