TOLEDO, 4 de noviembre. La Audiencia Provincial de Toledo se prepara para llevar a cabo el juicio el próximo 6 de noviembre contra dos individuos de nacionalidad colombiana, S.P.V. y F.J.C., a quienes la Fiscalía imputa un grave delito relacionado con la venta de drogas. La petición del Ministerio Público es clara: una pena de cinco años de prisión.

El relato del fiscal es inquietante. En una operación realizada el 30 de mayo de 2021, miembros de la Policía Nacional sorprendieron a los acusados en el Parque La Portiña, ubicado en Talavera de la Reina, mientras estaban en pleno proceso de comercialización de cannabis y ketamina, drogas que tenían como fin su posterior venta a terceros por un precio determinado.

Durante la intervención policial, se les incautaron 450 euros desglosados en billetes de varias denominaciones, además de múltiples bolsas de tipo 'Zip' que contenían una sustancia pulverulenta. Dicha sustancia, tras su análisis, se identificó como cannabis, con un peso neto de 9,25 gramos y una pureza del 18,78%, cuyo valor en el mercado negro se estima en 55,59 euros. Pero eso no es todo; también les fueron decomisados 17,34 gramos de ketamina, presentando una pureza del 16,34%, que podría alcanzar un precio de 830,23 euros en el mercado ilícito.

El fiscal califica a los acusados como responsables de un delito contra la salud pública, específicamente en su forma más peligrosa relacionado con sustancias que pueden causar un grave daño a la salud, conforme a lo establecido en el artículo 368 del Código Penal. Es por ello que solicita la imposición de cinco años de cárcel para cada uno de los acusados, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante todo el tiempo que dure la condena, junto con una multa de 2.000 euros, estableciendo una responsabilidad personal subsidiaria en caso de incumplimiento, que se traduciría en cuatro meses de privación de libertad adicionales.

En virtud de lo establecido en el artículo 89.1 del Código Penal, se propone que, tras el cumplimiento de dos tercios de la pena o al acceder al tercer grado, así como en caso de recibir la libertad condicional, ambos acusados podrían ver sustituida su pena privativa de libertad por su expulsión del territorio español. Esta expulsión vendría acompañada de una prohibición que les impediría regresar al país durante un periodo de ocho años, lo que subraya la gravedad de sus acciones y la firmeza de la respuesta judicial ante delitos de esta índole.