Bienestar Social destaca la necesidad de "sentido común" ante la llegada de fondos para acoger a menores migrantes.

En Guadalajara, el pasado 9 de julio, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, afirmó que es esencial que el Gobierno central proporcione recursos adecuados para la adecuada acogida de menores migrantes en la comunidad autónoma. García Torijano hizo un llamado a la razón, esperando que el sentido común prevalezca en esta importante cuestión.
Durante una rueda de prensa, la consejera subrayó que no es razonable esperar que un sistema de acogida pueda adaptarse a las circunstancias cambiantes con solo tres meses de apoyo financiero. "Se está intentando imponer un relato que será complicado de implementar", afirmó, indicando que los menores no podrán ser recibidos sin los recursos necesarios, que no se pueden activar de manera inmediata.
García Torijano destacó que Castilla-La Mancha está dispuesta a colaborar siempre que se garantice la financiación adecuada. Instó al Ministerio de Infancia a invertir económicamente en este asunto, advirtiendo que si esto sucede, la región también se comprometerá socialmente. Defendió el modelo de acogida actual de Castilla-La Mancha y su deseo de mantenerlo intacto.
La consejera expresó su preocupación por el mandato del Gobierno español, señalando que si se les exige, Castilla-La Mancha cumplirá en la medida de sus posibilidades, aunque se reconocen las dificultades que enfrentan. "Entendemos que se están vulnerando los derechos de los menores", manifestó tras ser consultada sobre cómo procederán en ausencia de recursos, dejando claro que se abordarán esos problemas cuando surjan.
Actualmente, García Torijano espera una conferencia sectorial programada para la próxima semana, donde espera que se presente un mapa claro sobre la acogida y financiación. La última propuesta implicaba una reducción del 80% en el coste de las plazas, lo que ella considera insuficiente para respaldar adecuadamente el primer tramo de acogida para los menores.
La consejera fue contundente al señalar que si el presupuesto necesario para acoger a casi 4,000 menores es superior a 250 millones de euros, no puede aceptarse una oferta de solo 100 millones. Reconoció las dificultades que surgen al intentar alcanzar un acuerdo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, específicamente por desavenencias en torno a la financiación, algo que lamentó profundamente.
En sus declaraciones, enfatizó que los recortes no son una solución viable para los problemas actuales. Insistió en la disposición de Castilla-La Mancha para colaborar, siempre que se respeten los derechos de los niños y que el costo de su cuidado esté debidamente cubierto, comparándose con los derechos de cualquier otro menor bajo la tutela de la administración regional.
La consejera también mencionó que, según el Real Decreto-Ley, el Gobierno podría imponer traslados a las comunidades autónomas, una medida que Castilla-La Mancha ya ha apelado, considerando que no se pueden tratar situaciones ordinarias de la misma manera que las extraordinarias. En cuanto a las posturas de Vox sobre inmigración, García Torijano expresó su rechazo a su ideología, considerándola radical y perjudicial para los derechos humanos, y sugirió que es necesario alejarse de los discursos que fomentan la polarización y el miedo en la sociedad.
Sobre la situación en Canarias, donde la capacidad de acogida es un desafío, la consejera insistió en la voluntad del Gobierno de Castilla-La Mancha de ayudar dentro de sus limitaciones, sin poner en peligro su sistema de protección. Además, criticó la falta de información que reciben las comunidades autónomas sobre este tema, manifestando su frustración ante la falta de comunicación sobre la reunión con las comunidades programada para el 17 de julio.
Respecto a la llegada de menores a las diferentes comunidades, se previó que los traslados ocurrieran entre finales de agosto y septiembre. Castilla-La Mancha se enfrenta a la posible llegada de 320 menores en un año, lo que García Torijano considera "imposible" dado que el sistema de protección tiene una capacidad total de solo 560 plazas y ya se encuentra al 98% de su capacidad.
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