TOLEDO, 23 de septiembre. Un grupo de ecologistas ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha que asuma su responsabilidad política tras la anulación del Reglamento de Caza, señalando que esta situación ha sido causada por decisiones propias del Ejecutivo que, a su juicio, no han querido abordar a pesar de contar con indicios de ilegalidad en sus actos.

En un comunicado, los ecologistas piden que se emita, al menos, una disculpa a la ciudadanía y sugieren un rediseño de la política cinegética, así como una apertura real que permita a la sociedad participar de forma equitativa en el desarrollo de normativas que afectan al medio ambiente.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha iniciado un período de consulta pública sobre el proyecto de un nuevo decreto para el Reglamento General que implementará la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, la cual fue promulgada el 5 de marzo de 2015. Esto se acompaña de un acuerdo para facilitar el proceso participativo.

La primera fase de este proceso se revela tras la reciente publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 19 de septiembre, que informa sobre la anulación del Reglamento de Caza de marzo de 2022, a raíz de una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).

De acuerdo a la resolución de la Consejería, el reglamento de caza de 2022 ha sido anulado con efectos jurídicos plenos debido a la confirmación de dicha sentencia, lo que obligará al gobierno autonómico a continuar aplicando el reglamento anterior, el cual data de 1993 y es considerado obsoleto.

Además, se informa que el proceso de consultación del nuevo reglamento se llevará a cabo durante veinte días, concluyendo el 17 de octubre, una fecha que coincide con el inicio de la temporada de caza 2025-26.

Ecologistas en Acción critica que la inacción de la Consejería demuestra una falta de respeto hacia la participación pública y señala que el Gobierno regional favorece a los intereses del lobby cinegético, accediendo a sus demandas sin la consulta necesaria del Consejo Regional de Caza y evitando discusiones en el Cuerpo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).

La organización advierte que esta ilegalidad ha permitido que el reglamento anulado haya estado vigente durante tres años y medio, lo que ha generado daños tanto al medio ambiente como a las poblaciones de fauna cinegética y ha afectado el uso público de los recursos naturales en Castilla-La Mancha. Esto podría continuar si el nuevo borrador se aprueba con condiciones similares a las que motivaron la anulación judicial.

En este contexto, Ecologistas en Acción urge a la Consejería a modificar el texto del borrador para evitar más daños, tensiones y conflictos legales. Según su perspectiva, las resoluciones publicadas confirman que sus denuncias eran válidas y que el Gobierno de Castilla-La Mancha actuó fuera del marco legal y en desprecio a la participación ciudadana.