El próximo jueves 30 de octubre se llevará a cabo un juicio en Toledo donde se juzgará a D.C.T., un individuo acusado de realizar una tentativa de homicidio contra seis guardias civiles que intentaron detenerlo en su hogar. El fiscal solicita una condena de 24 años de prisión para el acusado, que se enfrentará a múltiples cargos por sus acciones.

Los acontecimientos se remontan al 28 de noviembre de 2023, cuando un grupo de 15 agentes de la Guardia Civil, tras obtener la autorización correspondiente, se presentó en la vivienda del acusado, situada en Villaluenga de la Sagra. A su llegada, encontraron las puertas completamente cerradas y, al no recibir respuesta, tuvieron que forzarlas utilizando un ariete para poder ingresar.

Una vez dentro, los guardias civiles encontraron al acusado y le informaron de su detención. Sin embargo, este se encontraba preparado para el enfrentamiento, ya que había dispuesto varios recipientes con gasolina y cócteles molotov dentro de su vivienda. Desde el piso superior, comenzó a arrojar gasolina en el vestíbulo y al gritar amenazas, lanzó dos de dichos artefactos incendiarios al suelo y hacia los agentes.

Los objetos incendiarios causaron explosiones que resultaron en quemaduras para varios de los uniformados y daños a su equipo. La rápida acción de uno de los guardias, que utilizó un extintor, evitó un daño mayor y logró sofocar las llamas que ya afectaban su vestimenta.

El acusado, tras frustrar su arresto inicial, se atrincheró en su casa durante más de tres horas, continuando su ataque desde una ventana. Desde allí lanzó más cócteles molotov y otros objetos contundentes, causando heridas a varios guardias civiles, que debieron buscar protección para evitar mayores daños.

Poco después de las 14:20 horas y gracias al apoyo de un grupo adicional de seis agentes, la Guardia Civil logró entrar en la vivienda del acusado, quien finalmente fue reducido y detenido. En el momento de su arresto, fue informado de los motivos y sus derechos según la ley.

El 29 de noviembre de ese mismo año se ordenó su prisión preventiva, donde permanece hasta la fecha. Se le ha procesado y se han seguido los procedimientos legales correspondientes para asegurar que el acusado esté informado de sus derechos durante el proceso.

Exámenes médicos realizados al acusado revelaron que, a pesar de encontrarse bajo los efectos de diversas sustancias en el momento de los hechos, su juicio y memoria no estaban comprometidos. Sin embargo, el fiscal ha señalado que su personalidad estaba afectada por el consumo de estupefacientes, lo que resulta en una alteración parcial de sus capacidades en el contexto del incidente.

Las acciones del acusado pueden calificarse de atentado contra agentes de la autoridad, intento de homicidio y lesiones. El Ministerio Público prevé una condena de cuatro años de prisión por cada uno de los intentos de homicidio, además de multas por los delitos de lesiones y daños ocasionados a los agentes involucrados.