TOLEDO, 9 de julio. La secretaria general y portavoz del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha hecho eco de una reveladora información publicada en el diario ABC. Según esta noticia, el gobierno autonómico ha concedido un contrato por valor de 5,5 millones de euros a una empresa vinculada a presuntos casos de corrupción relacionados con miembros del PSOE. Ante esta acusación, tanto el Ejecutivo de Emiliano García-Page como el PSOE regional han exigido la dimisión de Agudo.

Agudo, en su intervención, subrayó que se trata de "otra adjudicación millonaria en 2023" por parte del Gobierno regional a una firma ligada al denominado 'caso Koldo'. La dirigente popular no dudó en manifestar su preocupación por el hecho de que, a pesar de que el Gobierno de García-Page ha otorgado 5,5 millones a esta empresa, las inversiones en la Consejería de Bienestar Social, el ámbito donde se realizó esta adjudicación, apenas alcanzan los 10 millones de euros en su totalidad para este año.

La reacción del Gobierno de Castilla-La Mancha no tardó en llegar. La portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, descalificó las afirmaciones de Agudo, calificándolas de "mentira y falsedad". Además, lanzó una advertencia contundente: si Agudo no puede respaldar sus afirmaciones en un plazo de 24 horas, debería presentar su dimisión.

De inmediato, se estableció un plazo crítico. Padilla destacó que el jueves siguiente se hará un recordatorio de esta exigencia de renuncia. "Si Carolina Agudo no prueba su acusación en 24 horas, debe dimitir. Es una calumniadora", enfatizó la portavoz del gobierno regional.

Por su parte, el PSOE se ha sumado a la exigencia de que Agudo dimita en el mismo plazo. Ana Isabel Abengózar, su portavoz parlamentaria, refutó las serias acusaciones lanzadas por Agudo, subrayando que "adjudicar obras no equivale a corrupción". Abengózar argumentó que tanto Andalucía como Castilla-La Mancha han otorgado contratos a esta empresa en el mismo año, insistiendo en que, "en Castilla-La Mancha, no hay lugar para la duda respecto a la legitimidad de estas adjudicaciones".